A seis años de la apertura de la causa en la que se investiga el pago de sobornos a senadores para aprobar la ley de reforma laboral, el juez federal Daniel Rafecas cerró este martes a la tarde la instrucción del expediente al considerar "suficiente" la prueba reunida y pidió a la fiscalía que solicite su elevación a juicio oral.
Las coimas en el Senado existieron y hay nueve imputados para el juicio oral
Así lo dictaminó el juez Daniel Rafecas, quien dio por finalizada la etapa de instrucción en el día que se cumplieron seis años del hecho. Serán juzgados De Santibañes, Flamarique, Pontaquarto y seis senadores por el delito de cohecho. De la Rúa podría ser procesado en una segunda instancia
Fuentes judiciales dijeron a Télam que el magistrado entendió que los elementos recogidos permiten que los nueve procesados en el caso se sienten en el banquillo de los acusados para ser juzgados por el delito de cohecho (pagar o recibir coimas), que prevé una pena de hasta seis años de cárcel.
En las últimas horas, Rafecas le giró el expediente al fiscal Federico Delgado, quien probablemente este miércoles pida formalmente que el caso se eleve a juicio oral y que sean juzgados el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto.
También serán sometidos a proceso los ex senadores del PJ Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell, Ricardo Branda y Emilio Cantarero y el ex presidente provisional del Senado, el radical José Genoud.
Por otra parte, quedará pendiente la situación del ex presidente De la Rúa, quien fue indagado por Rafecas, pero aún no se resolvió si es procesado porque pidió numerosas medidas de prueba que están siendo cumplidas por el juzgado.
En caso de que el ex jefe de Estado sea procesado, esto no frenará el juicio oral de los senadores y ex funcionarios y De la Rúa podría ser sometido a un segundo proceso por haber estado al tanto de los sobornos y no haber hecho nada por impedirlo.
La declaración
Los voceros remarcaron que para cerrar esta etapa, el juez valoró especialmente la confesión de Pontaquarto, quien reveló que por orden del gobierno de Fernando de la Rúa repartió 5 millones de dólares en sobornos a los senadores a fin de que votaran la reforma laboral.
A esto le sumó el relato de Sandra Montero, ex empleada de Costanzo, quien el jueves pasado brindó una declaración que confirmó los dichos de Pontaquarto y que según las fuentes fue el "broche final" para clausurar la instrucción.
Según el ex secretario parlamentario, el dinero surgió de las arcas de la Side, por entonces a cargo de De Santibañes, y recibieron fondos ilegales los senadores hoy procesados y así como Flamarique.
Para dar por acreditados los hechos, el magistrado tuvo en cuenta el minucioso relato del "arrepentido", el registro de sus ingresos a la Side y los rastreos telefónicos efectuados en los celulares y líneas fijas de todos los encausados, especialmente el 26 de abril de 2000, cuando se habrían pagado los sobornos.
Los rastreos ubicaron esa noche a los senadores Alasino, Costanzo, Tell y Branda en la zona del departamento de Cantarero, en la avenida Callao de esta capital, donde según Pontaquarto él llevó el dinero para que luego fuera repartido entre los legisladores.
El juez también valoró las reconstrucciones que se hicieron de los hechos, así como la confesión por parte de Cantarero a la periodista Fernanda Villosio, ante quien admitió haber recibido las coimas y luego se desdijo.
Las fuentes explicaron que el cierre de la etapa instructora "estaba prevista para julio, pero una serie de planteos dilatorios por parte de la defensa de Flamarique retrasaron la medida hasta hoy".
Paradójicamente, esa estrategia fue lo que permitió que el testimonio de Montero, quien reveló que Costanzo le confesó que recibió coimas y vio el dinero, pueda ser tenido en cuenta por los investigadores para esta etapa de prueba.
El juicio
Una vez que el fiscal Delgado pida el requerimiento de elevación a juicio, esa medida constituirá una "secuela de juicio" que impedirá a las defensas plantear la prescripción de la causa, abierta el 22 de agosto de 2000.
Algunos imputados planeaban hacerlo porque fueron llamados a indagatoria por primera vez el 31 de agosto de 2000 y en escasos días se cumplían seis años de esa decisión, que es el máximo de pena a la que pueden ser condenados, y no se había adoptado ninguna otra que frenara la prescripción.
Pese a que no existe peligro de que la causa se cierre, se espera que una vez que el fiscal pida la elevación a juicio, el juez le dé vista a la defensa de los imputados, quienes seguramente presentarán nulidades para dilatar el inicio del proceso oral.