Las ciudades argentinas tuvieron históricamente un buen diseño urbano. Las manzanas estaban divididas en clásicas cuadrículas, el área central y los edificios públicos de exquisita arquitectura, las plazas y parques diseñados por paisajistas de renombre mundial, las zonas comerciales atractivas, los bulevares y áreas residenciales con viviendas de categoría y los barrios suburbanos. Casi todas las ciudades estaban rodeabas por cinturones verdes de quintas y huertas.
Las villas miseria y la propiedad privada
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Las personas humildes vivían en barrios del suburbio, cuyas casas de una planta, estaban hechas con mampostería de ladrillos unidos con mortero de cal y arena, mosaicos calcáreos en patios y cocina, pisos de pinotea con cámara de aire en los dormitorios, techos de chapas de zinc o de ladrillos cargados sobre la famosa bovedilla catalana.
Estaban construidas en lotes de 10 varas de ancho (8,356 m), por un largo donde se armaba el gallinero y se cultivaba la huerta. Eran casas modestas pero seguras y confortables. Se iban construyendo de a poco agregando nuevas piezas a medida que la familia crecía.
Si sus ocupantes tenían la suerte de conocer algunos de los hábiles albañiles italianos, embellecían las fachadas con alguna que otra pilastra, zócalos, listeles, frontis triangulares o semicirculares encima de las ventanas, paneles, arquitrabes, frisos y cornisas que les otorgaban un aspecto sumamente atractivo.
Sin embargo, no existían las deprimentes villas miserias que se multiplican hoy en día, donde vive una multitud cada vez mayor de ciudadanos en condiciones tan inhumanas que ni los animales se les asemejan.
¿Por qué ha sucedido todo esto?
¿Qué han hecho los sucesivos gobernantes para que las familias tengan que vivir en covachas inmundas, indignas de seres humanos?
Los ideólogos de siempre
A pesar de que la Constitución nacional lo consigna pomposamente, en materia de erradicación de villas miseria el gobierno no ha hecho absolutamente nada. Sólo las ha incrementado, constituyendo una muestra contundente de la hipocresía del discurso político.
Actúan como una de las siete plagas de Egipto, obrando con una perniciosidad sólo comparable con los escandalosos actos de corrupción que nos sorprenden a diario.
Destruyeron el proceso natural por el que los pobres tenían acceso a la propiedad privada e impidieron que, en el mejoramiento de la vivienda propia, volcasen los pocos pesitos que podrían ahorrar.
El proceso natural se desarrollaba de este modo.
Una oficina de rematadores –que gozaba de la confianza pública– a cargo de un martillero público ofrecía, a los dueños de baldíos en los aledaños de la ciudad, convertirlos en terrenos suburbanos. El atractivo consistía en que esa tierra, sin valor agrícola, podía ser convertida en terreno del conurbano valorizándolas sustancialmente.
Entonces con un agrimensor, emprendían la tarea de amojonar y medir el terreno, estableciendo lotes, con sus respectivos niveles y calzadas.
Una vez llevada al tablero la división de la tierra, se dibujaban lotes y calles, designándoselas con nombres de patriotas o personas ilustres. Los lotes se numeraban según el tamaño y la calidad de su ubicación. Una parte del terreno quedaba reservada para construir el templo parroquial, la escuela primaria, el puesto policial y el dispensario médico.
El plano resultante se llevaba a la Dirección de Catastro o Registro de la propiedad inmueble, y se
gestionaba la aprobación oficial. En ciertos casos se hacían trabajos con moto niveladoras para emparejar el terreno, formar cordones y trazar veredas huecas para pasar ulteriormente las redes con distintas cañerías.
Luego, los rematadores organizaban una verdadera fiesta de capitalismo popular, convocando a la pública subasta. Alquilaban medios de transporte para llevar y traer a los interesados, levantaban unas atractivas carpas en el lugar de remate, adornándolas con vistosos banderines y colocaban enormes carteles anunciando el remate público, incluyendo el plano del loteo. En el interior de las carpas se colocaban sillas de madera y la multitud de interesados con su familia, esperaban sentados el comienzo del remate. Para hacer más amena la espera, algunos ofrecían un pequeño concierto de canzonettas y música popular con una banda polifónica.
Los martilleros comenzaban el acto realizando una descripción muy vívida del terreno y aleccionaban a la gente sobre las ventajas de tener una propiedad para asegurarse el techo propio y proteger el futuro de los hijos. Algunos se convertían en relatores de la historia nacional y predicadores de normas morales, para confirmar la importancia de la palabra empeñada, el respeto y el cumplimiento de las promesas.
Uno por uno se iban rematando los lotes que ya tenían asignado un crédito automático, pagadero en cuotas fijas de hasta 120 mensualidades. Cuando alguien compraba el lote, allí mismo registraban los datos personales y se emitía una libreta inmobiliaria, numerada, sellada, encuadernada y forrada en hule negro, formando parte del título de propiedad a inscribirse en la Dirección de Catastro.
Esas libretas inmobiliarias eran una parte de la propiedad total y como tal podían ser hipotecadas, compradas, vendidas o cedidas en donación. Poseer la libreta inmobiliaria de hule negro era un orgullo para las personas humildes porque por pocos pesos mensuales se convertían en propietarios.
Por primera vez en la vida, contaban con un capital propio, eran dueños de un título que los respaldaba y les servía de garantía para conseguir créditos en tiendas, almacenes de ramos generales y hasta para aspirar a un trabajo estable en industrias importantes. Posteriormente y de a poco, el municipio se encargaba pavimentar las calles del loteo, instalar los servicios de electricidad, gas, agua potable y la red cloacal.
Después de emitidas, las libretas se inscribían en el Registro de la Propiedad y a partir de allí eran dueños-propietarios del terreno. Sin trámites bancarios recibían el primer crédito importante de largo plazo. Era un acontecimiento imborrable para las familias.
La destrucción del orden natural
Esos tiempos de bonanza para las personas humildes comenzaron a desaparecer a partir a mediados de los ’60, y se acrecentaron con el shock devaluatorio de Celestino Rodrigo, ministro de economía de la primera mujer presidenta que tuvo el país.
Como consecuencia del sinceramiento de tarifas, ocurrido después del patoteril control de precios de José Ber Gelbard y del congelamiento de salarios precedente, se desató una inflación incontenible que produjo una devaluación devastadora de los ahorros. Las posibilidades de construir viviendas por el sistema de ajuste alzado a precios fijos inamovibles fueron liquidadas. Muchas empresas constructoras fueron a la quiebra.
Al poco tiempo, desde el decreto-ley 8.912 comenzaron a surgir por todo el país leyes regulatorias que impedían los clásicos loteos exigiendo a los martilleros dotar previamente a los terrenos suburbanos de una planificación que el Estado no tenía, con infraestructura sumamente costosa y compleja compuesta de pavimentos de hormigón, cordones y veredas, faroles de alumbrado público, servicios de agua y red cloacal hasta la puerta del lote, cañerías para la distribución de gas y cámaras subterráneas para equipos de transformación y rebaje de energía eléctrica domiciliaria.
En un marco de inestabilidad monetaria y con costos crecientes, esa infraestructura implicaba una altísima inversión de riesgo que no podía ser pagada por los humildes compradores de los viejos loteos.
Por lo tanto el mercado del loteo desapareció y la vivienda fue inaccesible para ellos.
Las operaciones inmobiliarias se redujeron a personas de altísimos niveles de ingreso que, por moda cultural, decidieron mudarse a countries y barrios cerrados en los alrededores de las grandes ciudades. Las personas de escasos recursos no tuvieron nunca más acceso a una vivienda hecha con sus propios ahorros.
El orden natural por el cual los pobres también podían llegar a ser propietarios había sido destruido y comenzaron a surgir los asentamientos irregulares, las villas de emergencia y los tenebrosos barrios de viviendas colectivas convertidos en refugio de delincuentes donde la policía y los servicios de emergencia médica temen ingresar.
El retorno a la propiedad privada
El problema de las villas miserias no tiene solución alguna si no se encara como una operación de gran prioridad para volver a convertir a los proletarios en propietarios.
El acceso a la propiedad privada y el otorgamiento de títulos de propiedad transferibles constituyen tareas prioritarias. Luego vendrá la urbanización de las actuales villas, abriendo accesos y calles adecuadas con una reparcelización de aquellos habitantes a quienes habrá que expropiarles el terreno ocupado.
Otras cuestiones importantes son: la delimitación física de la villa miseria para evitar que se siga expandiendo y la construcción, en cada lote, de un núcleo central compuesto por baño, cocina y sistema de desagües de aguas servidas, dejando que en el resto del terreno los ocupantes-propietarios construyan las habitaciones que necesiten y puedan.
El ser humano satisface sus necesidades transformando las cosas que le rodean, pero cuando construye algo y lo utiliza, necesita que ese proceso sea controlado y dirigido por alguien. Para ello es necesario que pueda decirse “yo cuido de esto” y “nadie sin mi permiso puede tocarlo”.
En todas las lenguas del mundo, esa función de fiscalizar la acción económica, tiene vocablos como “mío”, “tuyo”, “de fulano de tal”, “de mi padre”, “de mis hijos” o “del municipio”, los cuales se resumen en dos sustantivos esenciales de la naturaleza humana: “propiedad” y “dominio” privados.
Cualquier acción para producir y consumir riqueza es imposible sin que alguien pueda y tenga el derecho a fiscalizar el proceso de creación de riqueza.
Lo deprimente de las villas miseria es precisamente la absoluta y total carencia de propiedad privada, representada por un título de propiedad, lo cual significa que esa covacha donde habitan no es de nadie y un buen día pueden ser desalojados o desplazados por acción de alguien más poderoso.