En la actualidad, se calcula que hay entre 5 mil y 10 mil universitarios que trabajan en empresas y que no cuentan con atención sanitaria, excepto los casos en los cuales los empleadores por su cuenta los incorporan a la cobertura de una empresa de medicina privada. Además de garantizarles a los estudiantes la prestación médica, la medida les servirá a las obras sociales para engrosar su nómina de afiliados.
La resolución formará parte de la reglamentación de la ley 26.427, sancionada hace un año, que creó un nuevo Sistema de Pasantías Educativas. Esa normativa acotó a un año –con una prórroga máxima por seis meses más– el tiempo mayor de duración de una pasantía y redujo a cuatro horas la jornada de trabajo del estudiante.
Por no ser considerada un empleo, la pasantía tiene como contraprestación “una suma de dinero en carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo”, que en la actualidad oscila los 1.000 pesos. A partir de la resolución, los empleadores deberán pagar en esos casos 1.060 pesos por cada asignación.