El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo hoy que no va a ceder a las exigencias del obispo Luiz Cappio, que está en huelga de hambre desde hace 23 días contra un proyecto de infraestructura impulsado por el Gobierno.
"Si el Estado cede, el Estado se acaba", dijo Lula en un desayuno de prensa con periodistas en el palacio presidencial de Planalto, quien aseguró que "las obras van a continuar".
Un mediador del Gobierno está en negociaciones con el Episcopado desde hace dos días, para intentar poner fin a la huelga del obispo, que se opone a la construcción de un trasvase que pretende llevar agua a la región más árida y pobre de Brasil.
El obispo pide que el gobierno "archive definitivamente" este proyecto presupuestado en unos 3.000 millones de dólares.
El gobierno ha accedido a parar las obras durante dos meses para "explicar mejor" a la población los beneficios del proyecto, además de realizar pequeñas obras no agresivas al medio ambiente como cisternas y reservorios de agua.
Lula aseguró que este proyecto es "el más humanitario de su gobierno" porque va a "beneficiar" a 12 millones de brasileños. "La prioridad tiene que darse a la población", dijo Lula.
El presidente recordó una huelga de hambre que él hizo en 1980, cuando era líder de un sindicato y aseguró que "da un hambre".
Cappio fue internado en un hospital, semi inconsciente, en la tarde del miércoles, tras conocer una resolución del Supremo Tribunal Federal que autorizó la continuación de las obras, que estaban paradas por una decisión judicial.
El boletín médico indicó que el religioso está "con estado general comprometido y debe seguir internado para evitar posibles daños permanentes".
Esta es la segunda huelga de hambre que mantiene el prelado contra el proyecto. La primera la realizó en 2005 y la paró en el undécimo día por la intermediación personal de Lula. La segunda la inició el pasado 27 de noviembre por considerar que Lula había "incumplido" su promesa al iniciar las obras el pasado junio.
El proyecto, que incluye la construcción de dos canales que suman 720 kilómetros para desviar las aguas del río San Francisco, ha encontrado la férrea oposición de agricultores, pescadores, indios y organizaciones civiles que temen por supuestos daños al ecosistema del río.
Fuente: EFE