El magistrado había ordenado sus detenciones luego que la Cámara Federal revocase sus exenciones de prisión.
Fuentes judiciales estimaron que Oyarbide les tomaría declaración indagatoria, probablemente, el miércoles próximo luego de que termine de "procesar la abundante información" obtenida en procedimientos realizados en los últimos días.
Acompañado por sus abogados Roberto Boico y Eduardo Barcesat, Loiácono padre, ex funcionario del Ministerio de Salud, concurrió esta mañana a los tribunales de Comodoro Py 2002, donde se presentó ante el magistrado, quien dispuso que sea remitido, en calidad de incomunicado, al instituto penal de la calle Madariaga.
Lo mismo ocurrió con su Fernando Loiácono, quien concurrió a los tribunales de la zona de Retiro en compañía de su abogado Gonzalo Díaz Cantón, a quien el juez federal le transmitió que las indagatorias se realizarían, en principio, pasado mañana.
En diálogo con Télam, Barcesart recordó que Oyarbide había concedido la exención de prisión a su asistido el 4 de diciembre en una resolución que fue revocada por la Sala II de la Cámara Federal el 23 de ese mes por lo que el juez ordenó los arrestos.
Además, indicó que su cliente quiere declarar y que su actual situación es la de "suspendido” en sus funciones, como resultado de un sumario administrativo realizado en el Ministerio de Salud.
El último día hábil de 2009, tanto la Cámara Federal como Oyarbide ratificaron que continuarán trabajando durante el mes de enero pese a la "feria judicial”, como se conoce al período de receso estival en la actividad de los tribunales.
"Como hay detenidos se habilita la feria y corren los plazos procesales normales", dijeron los informantes.
Entre quienes aguardan un pronunciamiento están el sindicalista del gremio bancario Juan José Zanola -a quien la semana pasada se le rechazó el beneficio de la prisión domiciliaria- y su mujer Paula Aballay, junto a otra decena de presuntos involucrados en las maniobras de adulteración de medicamentos.
Zanola está procesado, con prisión preventiva, como jefe de una asociación ilícita que integraban, entre otros, la ex directora administrativa del Policlínico Bancario Paula Aballay, la ex subdirectora Susana Fionna y el ex tesorero Claudio Ferrari.
En la misma situación están Néstor Lorenzo, dueño de la droguería "San Javier", como jefe de otra asociación ilícita que operaba en conexión a la que funcionaba en La Bancaria, y como organizadores sus socios Sergio Blanco y Carlos Torres.