El gobierno provincial inicia la semana con la obligación de afrontar una deuda que tiene pendiente hace varios años: el estado de detención de los presos y su hacinamiento en comisarías. Es que la Justicia le ordenó al Ejecutivo el viernes que debe descomprimir la situación de las seccionales en Rosario y le dio un plazo de diez días para que dé a conocer los pasos en ese sentido.
Misión presos: el gobierno debe reubicar a más de 300 detenidos en comisarías
Por orden de la Justicia, no puede haber reclusos que “excedan” la capacidad de las seccionales y tendrían que reducir a la mitad las más de 700 personas en esos lugares. “El fallo es importante pero hay que ver que se cumpla”, dijeron desde la CTC
Según señaló a Rosario3.com Antonio Tesolini, integrante de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), ese fallo fue “muy importante, no sólo para terminar con el nivel de hacinamiento calculado por metro cuadrado sino porque incluyo el análisis de las condiciones de detención, que es un dato muy interesante”.
Es decir, que el primer paso del gobierno será reubicar reclusos alojados en comisarías (cuando en realidad por ley esos son lugares de detención temporal y no permanente como se utiliza en a actualidad) para luego mejorar en general la situación de los presos, que hoy es infrahumana en la mayoría de los recintos.
En concreto, de las más de 700 personas detenidas en seccionales de Rosario, según el último informe que citó el fallo de la Cámara de Apelaciones que hizo a lugar a un habeas corpus correctivo y colectivo que la CTC presentó en septiembre de 2004, sólo deberán quedar entre 300 y 400, que es lo aconsejable por los propios peritos de la policía en relación al espacio.
Para Tesolini, buena parte de esos reclusos podrían trasladarse a dos pabellones no utilizados del penal de Piñero con capacidad para unas 160 personas. “El lugar está pero hace falta personal. Estas son las decisiones que ahora se deberán tomar, porque el gobierno está obligado por la Justicia a hacerlo”, argumentó.
En cuanto a los plazos, si bien el fallo no fijó una fecha límite, si estableció un lapso de diez días para que el gobierno provincial informe qué medidas está realizando para revertir esa situación irregular (e ilegal). “Esto es importante, pero sólo está pidiendo que se cumpla con la ley”, aseguró el integrante de organización no gubernamental que trabaja en relación a la crisis carcelaria en Santa Fe.