Alonso estaba imposibilitada de asumir en ese cargo porque no es abogada –requisito que exige la reglamentación de la OA-, sino licenciada en Ciencia Política, según informó el sitio Parlamentario.
A través del decreto se estableció que quien ostente la titularidad de la OA será, a partir de ahora, “secretario de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción”.
Este nuevo cargo “será designado y podrá ser removido por el Poder Ejecutivo”, y además “deberá poseer título universitario, sólida formación académica, antecedentes profesionales calificados en derecho, ciencias sociales o economía y una reconocida trayectoria democrática y republicana”.