Municipalidad y provincia deberán indemnizar a la familia de un chico fallecido tras caer al arroyo Ludueña
El caso, ocurrido en julio de 2002, puso en evidencia la falta de equipamiento de las reparticiones que participaron del operativo de búsqueda. Tras revertir un fallo de primera instancia, la Justicia dispuso un pago de 120 mil pesos
Por
Ricardo |
La Municipalidad y la provincia deberán pagarle 120 mil pesos a la familia de Alan Perals, el nene de siete años que en julio de 2002 falleció tras caer en un entubamiento del arroyo Ludueña ubicado en Chaco y Olivé. Este fallo de un tribunal colegiado revirtió la decisión tomada por la Justicia en primera instancia que, en su momento, no había hallado culpables de lo sucedido. El accidente ocurrió el 9 de julio de 2002, cuando en horas del mediodía Alan jugaba junto a su amigo Daniel y, sin querer, resbaló en el borde de un espigón de cemento que se encuentra en la boca del canal del arroyo Ludueña a la altura de Chaco y Olivé. Esto desató una desesperada búsqueda con la participación de varias dotaciones de Bomberos, personal de Prefectura Naval Argentina y Defensa Civil de la Municipalidad, además de la intervención solidaria de los vecinos de la zona. La empresa Aguas Provinciales aportó un módulo desobstructor (camión grande con manguera), que fue introducido dentro del entubamiento; un camión de videoinspección, que es un vehículo con un trípode y un arnés por el que bajan a los buzos, elemento muy importante ya que le permite al buzo ir con las manos libres. Tras varios días de intensos rastrillajes las esperanzas de encontrar al menor con vida se diluyeron. Finalmente, el cadáver de Alan apareció dieciocho días más tarde en un tubo bajo la calle Olivé, a diez cuadras del lugar del accidente. Los familiares del nene, que desde su desaparición hacían guardia junto a la desembocadura del Ludueña, no presenciaron el rescate pero reconocieron el cuerpo del menor. En su momento, el debate se centró en la falta de elementos de las diferentes reparticiones que participaron del operativo a la hora de intervenir en situaciones de catástrofe. Pese a que la Justicia no había encontrado culpables en una primera instancia, el fallo que se conoce hoy revierte la decisión anterior y plantea la responsabilidad compartida entre el municipio y el gobierno provincial.