El fiscal general indicó que “todas las personas tenemos el derecho humano a la seguridad, que es algo que no le corresponde a la fiscalía”. Sin embargo, dicho esto, el funcionario judicial agregó “la vida es un bien protegido” por lo cual el linchamiento “es un hecho antijurídico”.
“Tenemos que entregar a la persona a las fuerzas policiales. Nada justifica que se haga venganza por mano propia. Salvo que el ladrón esté atacando”, explicó De Olazábal en diálogo con el programa La primera de la tarde (Radio 2).
Consultado sobre las penas que podrían caberles a las personas que participaron en el linchamiento que terminó con la vida de David Moreira, el fiscal explicó que eso deberá analizarse de a cuerdo a varios “aspectos subjetivos”.
Dijo que un caso de homicidio establece penas que van de los 8 a 25 años, cuando existe alevosía se puede llegar hasta la prisión perpetua o puede haber atenuantes si hubo pérdida de control o emoción violenta.
Finalmente, De Olazábal fue consultado sobre la presión social de quienes piden hacer justicia por mano propia. “Nadie puede decir que es inmune a la opinión publica pero la misión que nos corresponde es asegurar el cumplimiento del derecho”, contestó.