El gobernador de Santa Fe, Jorge Obeid, volvió a enviar este jueves a la tarde el proyecto de reforma de la Constitución para que sea debatido en la Legislatura. La iniciativa incluye la reelección del gobernador y vice, aunque excluye la posibilidad de que ese beneficio pueda ser utilizado por el propio Obeid, y propone como novedad que la Región Centro y los derechos del aborigen tengan rango constitucional.
Obeid insiste: reingresó el proyecto de reforma de la Constitución a la Legislatura
El texto oficial propone la reelección del gobernador, aunque excluye la actual gestión, y el juicio político a los altos mandatarios. Como novedad, pide que la Región Centro y los derechos de los indígenas tengan rango constitucional
Por su parte, repite los puntos sobre la autonomía política administrativa, económica y financiera para todos los municipios, la autorización para que las municipalidades dicten sus respectivas cartas orgánicas, la creación de un Consejo de la Magistratura y la reglamentación de herramientas de democracia semidirecta.
El proyecto de ley número 3.171/06 ingresará por la Cámara de Diputados y es similar al que envió el gobernador el primer día de gestión, que posteriormente perdió estado parlamentario. Ahora, a poco más de un año de abandonar su gestión, decidió volver a intentarlo.
"Como el proyecto de reforma Constitucional había perdido estado parlamentario, lo volvimos a remitir a la Legislatura provincial con la modificación que solicita se incluya un artículo donde la provincia ratifica su pertenencia a la Región Centro en los términos suscriptos con los pares de Córdoba y Entre Ríos",
explicó Obeid.
El proyecto contempla, además, que "el gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo", en tanto aclara que "si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período".
Además, en el proyecto de reforma están incluidos temas como la autonomía política administrativa, económica y financiera a todos los municipios, y la autorización para que las municipalidades dicten sus respectivas cartas orgánicas.
Un artículo reivindica a la Defensoría del Pueblo "como un órgano unipersonal con autonomía funcional y autarquía financiera que no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos, tutelados por la
Constitución Nacional".
Por otro lado, se refiere a las "formas de democracia semidirecta", en un apartado que establece que "el electorado de la provincia tiene el derecho de iniciativa para la presentación de proyectos de ley ante la Cámara de Diputados para lo cual se debe contar con la firma del uno y medio por ciento del padrón electoral".
En ese sentido, la Legislatura deberá sancionar una ley reglamentaria que deberá contemplar una adecuada representación territorial entre los promotores para suscribir la iniciativa y tendrá la obligación de pronunciarse sobre la misma dentro del término de doce meses de presentada, rechazando o sancionando la
ley propuesta.
Juicio político y Magistratura
Otros de los puntos que se introdujo es un apartado para que el vicegobernador y otros funcionarios sean pasibles del juicio político.
En ese sentido, la reforma permitiría que sean sometidos a juicio político el gobernador, el vicegobernador, quienes los reemplacen, los ministros del Poder Ejecutivo, el Fiscal de Estado, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal de Cuentas y del Consejo de la Magistratura, el Fiscal Provincial de Investigaciones Administrativas y el Defensor del Pueblo.
Además, el nuevo texto crea un Consejo de la Magistratura para seleccionar los magistrados inferiores, incluidos los jueces de paz comunales para elevar una terna vinculante al Poder Ejecutivo en virtud de un procedimiento que garantice los principios de objetividad, publicidad y transparencia.
Derechos Indígenas
En cuanto a las novedades de este texto con el anterior, se destaca que "la propuesta de incorporación de un nuevo artículo a la Constitución Provincial que reconozca los derechos de los aborígenes tiende a generar un cambio de conciencia".
"El acento no está puesto en la igualdad o en la no discriminación sino fundamentalmente en el respeto a la diferencia y en el hecho de dignificarla como un valor de aporte y de enriquecimiento para la sociedad toda", reza textualmente el artículo.