El jueves último, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe presentó un recurso de revocatoria y subsidiaria apelación, contra la Resolución Nº 145 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que establece la normativa por la cual se evalúan los antecedentes de los postulantes a ocupar cargos judiciales, en la provincia.
La presentación firmada por Daniel Rucci y Ariel Ariza, presidente y vicepresidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, alude a una “suerte de diferendo” que esa institución venía manteniendo “con el sistema de puntajes del Reglamento del Consejo de la Magistratura”, lo cual los llevó, una vez publicada la norma, al presente pedido de impugnación.
“La resolución 145 viene a producir dicha afectación al establecer una categoría unitaria de aspirantes a cargos judiciales, estableciendo en forma equivalente, parificada e indiscriminada el puntaje por especialidad de los magistrados que ejercen o han ejercido la función jurisdiccional con otros postulantes que no desempeñan funciones jurisdiccionales, asignando un puntaje por especialidad idéntico”, detalla el pedido de revocatoria.
El Colegio de Magistrados argumenta que “no debe perderse de vista que los concursos son para cargos de magistrados judiciales tanto en primera instancia como en segunda. Por ello –remarcan– entendemos patente la ilogicidad de un criterio que resta y desvirtúa la incidencia de la especialidad jurisdiccional precisamente para cubrir un cargo de Juez. Consideramos que ello es tan irrazonable como si en un concurso para docente universitario se equiparase la experiencia de alguien que se encuentra al frente de una cátedra con la trayectoria de alguien que ejerce la profesión de abogado o la función judicial”.
En su presentación, los magistrados destacan la “irracionalidad” de la Resolución Nº 145 y hacen hincapié en la “creación de una categoría caprichosa, por vía de la elevación de puntajes a otros aspirantes que no ejercen funciones jurisdiccionales”.
Además, en un párrafo dedicado a lo que el Colegio de Magistrados califica como “absurdidad de criterio”, por parte del Poder Ejecutivo, afirman que “la aplicación del sistema de puntajes que se viene considerando conduce a situaciones que transgreden la pauta de razonabilidad a que debe sujetarse toda norma estatal lo que en determinadas situaciones a resultados derechamente absurdos”.
Por éstas y otras razones esgrimidas en su presentación ante el Ministerio de Justicia, el Colegio de Magistrados se retiró del jurado evaluador de los candidatos a ocupar los cargos judiciales y arremete ahora con un pedido de “inmediata y provisional suspensión de los efectos del acto impugnado”.
La respuesta del Ministerio de Justicia
“En realidad, lo que el Colegio de Magistrados cuestiona no es la calificación de antecedentes por antigüedad. De hecho, este criterio beneficia a muchos secretarios que se postulan para ocupar cargos judiciales”, explicó a Rosario3.com, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis.
“Lo que sí cuestionan es la calificación de antedentes por especialidad, ya que en ese caso, lo que se evalúa es el conocimiento del postulante sobre la materia para la cual se postula, ya sea la rama del derecho Penal, Civil y Comercial, Laboral, Contencioso Administrativo, etc.”, aclaró el funcionario y agregó que en este punto los jueces quedan equiparados con el resto de los candidatos: abogados, secretarios y defensores, entre otros, y es eso lo que aspiran a modificar. En efecto, lo que está reclamando el Colegio de Magistrados es contar con mayores chances a la hora de ser evaluados”, manifestó el ministro.
Lewis señaló que antes de la publicación de la norma que modificó el sistema de selección de candidatos para cargos judiciales, se convocó a una ronda de consultas que duró tres meses y tuvo por finalidad la reforma de algunos aspectos de la reglamentación, entre ellos, la que compete al Consejo de la Magistratura.
“El reglamento debe reflejar las necesidades de todos los operadores de la Justicia. Podemos revisarlo y pulirlo; podemos escuchar a los legisladores y establecer el perfil de juez que buscamos para perfeccionar el sistema judicial; pero no podemos promover cambios por el interés mezquino de un solo sector, desconociendo el debate previo”, afirmó Lewis.
La Asamblea Legislativa de la provincia rechazó el pasado 3 de mayo el pliego del criminólogo rosarino Enrique Font para ocupar el cargo de auditor del sistema de fiscalías de la provincia, y de otros 3 postulantes, en el marco de la reforma procesal penal santafesina.
Antes de la reunión de la Asamblea, la Comisión Bicameral de Acuerdos de la legislatura santafesina había rechazado el pliego de Font, con “observaciones profesionales, políticas y éticas” impulsadas por legisladores del PJ y de Unión PRO Federal.
En este marco, el Colegio de Magistrados volvió a insistir con la necesidad de aplicar cambios en el sistema de evaluación descripto.