El gobierno provincial salió a aclarar este viernes a la tarde que ofreció a las 20 familias que viven en un predio privado de calle Ituzaingó, cuyo propietario pidió su desalojo, un “solución habitacional”.
Ofrecen viviendas a vecinos de Ituzaingó, pero no hay acuerdo
La administración provincial aclaró que intervino en el conflicto que protagonizan 20 familias y el propietario del predio donde viven, quien pidió su desalojo. Los vecinos rechazaron la propuesta
La oferta fue realizada tras siete horas de audiencia y consistió en darle a cada uno de los afectados una vivienda pero dentro de siete meses y mientras tanto suspender el desalojo. Algo que los manifestantes rechazaron porque pretenden quedarse en ese lugar, que ellos limpiaron años atrás, cuando era un basural.
El grupo de vecinos de Ituzaingó 60 bis mantienen desde hace meses un conflicto con el propietario del terreno en el cual han construido sus viviendas. La causa judicial que se tramita en los Tribunales Provinciales ya emitió en abril una orden de desalojo que hasta el momento no se llevó a cabo.
Este viernes las familias se manifestaron frente a la sede del Gobierno en Rosario acompañados por grupo de estudiantes y el padre Salvador Yaco, quien pidió se respete el derecho a la vivienda.
Una delegación de tres vecinas con dos de sus abogados fueron recibidos por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, quien se encontraba en el edificio. El ministro detalló que “hace ya un tiempo que la Municipalidad de Rosario y la provincia, incluso a pedido judicial, están trabajando para la solución del problema de vivienda de estas personas, que surge ante un conflicto de privado contra privado. El dueño del terreno es un particular y ellos son particulares”.
“A raíz de sus pretensiones vinculadas a este tema y sobre qué le puede dar el Estado para solucionar esta situación, –añadió el ministro de Justicia y Derechos Humanos– se concretó una propuesta muy simple que consiste en darle a cada uno de ellos una vivienda, a través de un terreno que va a suministrar la provincia y una construcción que hará la Municipalidad en un plazo estimado de siete meses. Además se gestionará frente al propietario, en el juzgado, la suspensión del desalojo hasta que este plan se pueda llevar adelante”.
Dicha propuesta no fue aceptada por la delegación que se encontraba en la reunión, en dependencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quienes tampoco accedieron a retirarse una vez finalizada la audiencia.
En el marco del expediente que se tramita en los Tribunales provinciales, el próximo lunes la provincia hará una presentación pidiendo una audiencia para formular su planteo “que pensamos es superador de la situación que se está viviendo”, consideró Superti.
Encadenados
“Las personas que concurrieron a la reunión en algunos momentos sacaron cadenas, se encadenaron, y dos de las tres mujeres estaban con bebés. Nos preocupó el tema de los bebés, por lo que convocamos al Sies. Los revisaron y los chicos están bien, pero terminada la reunión los vecinos no quisieron retirarse”, agregó el funcionario.
“La reunión se dio por finalizada y se ordenó en la Casa de Gobierno un operativo policial, con instrucciones precisas de respetar la integridad física de los manifestantes así como el edificio público. Las personas pueden irse cuando quieran pero no volver a ingresar”, finalizó Superti.