Curto explicó que al “tratarse de una explosión de gas”, es evidente que la empresa prestadora del servicio es un “actor principal”. De este modo, no descartó que la firma haya tenido parte de la responsabilidad del siniestro. En tal sentido, apuntó a los documentos secuestrados el martes en las oficinas de San Lorenzo y Mitre que señalan que los vecinos de Salta 2141 efectuaron repetidos reclamos durante los veinte días previos al estallido.
Por su parte, Camporini aclaró que “no hay que apurarse” a la hora de sacar conclusiones debido a que primero se deben recabar y analizar las pruebas recabadas tanto de la fiscalía, como de la policía y del juzgado que ya solicitó a todos los afectados envíen sus datos para sumar testimonios.
Además, el fiscal advirtió que la causa es compleja porque hasta ahora existen responsabilidades civiles y penales que deben ser discriminadas para encontrar a los protagonistas de unas y otras.
“En el caso del gasista, identificarlo fue fácil”, apuntó Curto quien de este modo puso de relieve que más arduo va a ser encontrar –y probar– a otros posibles culpables de la explosión.