Durante casi tres horas de alegato, Terraf aseveró que los represores son, en perjuicio de Vargas Aignasse, "autores mediatos de los delitos de homicidio calificado, violación de domicilio, aplicación de tormentos reiterados y homicidio calificado, en concurso real, siendo todos delitos de lesa humanidad".
Terraf aseguró que Bussi y Menéndez "cometieron delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles, cuando persiguieron a personas por sus ideas".
"En el famoso juicio a las juntas militares (1985), el fiscal Julio César Strassera concretó un grito laico, al de decir «nunca más». Desde lo más humilde de mi corazón y desde lo más profundo de mis convicciones, pido siempre más memoria, más justicia; en definitiva, siempre más libertad y más dignidad", aseveró el fiscal al cerrar su alegato.
Terraf insistió en que la desaparición de Vargas Aignasse no fue "un hecho aislado, sino que formó parte de un plan sistemático por parte de quienes instauraron el terrorismo de Estado en el país y cometieron delitos que injurian y agravian a la humanidad toda, razón por la que son imprescriptibles".
Menéndez tiene una larga vinculación con Tucumán, porque entre 1970 y 1973 ejerció importantes cargos en la V Brigada de Infantería, entonces con asiento en Tucumán, y entre 1975 y 1979 encabezó el III Cuerpo de Ejército, del que dependía la unidad local, a la que solía visitar con frecuencia durante la dictadura.
Bussi encabezó la V Brigada de Infantería entre diciembre de 1975 y 1977, período durante el que desapareció Vargas Aignasse, y a partir del golpe de Estado ejerció la intervención militar de la provincia, período durante el cual desaparecieron o fueron asesinadas centenares de personas.