La iniciativa se basa en el planteo formulado por vecinos de diversos barrios en la organización civil Concejalía Popular que deben enfrentar demandas judiciales iniciadas por la ex concesionaria del servicio de agua potable y cloacas de la provincia, por cobro de deudas ya vencidas. Pero se comprobó que los afectados están diseminados por toda la provincia ascienden a un total de 100 mil.
Además, el decreto solicita la remisión al Concejo de los informes pertinentes sobre el estado de las demandas entabladas o a entablar contra la empresa por casos de incumplimiento, la estimación de las deudas de la misma con la provincia de Santa Fe, y el monto comprometido en cuentas morosas a la fecha.