El ministro de Gobierno Roberto Rosúa aseguró que el gobierno provincial "dispondrá medidas y acciones en común con la Municipalidad para cumplir la resolución judicial" emitida por el juez Carlos Cadierno que obliga a desalojar la plaza San Martín –donde la Corriente Clasista Combativa mantiene un acampe desde hace más de dos semanas– en un plazo de cinco días. De todos modos, la Municipalidad dejó en claro que no considera que el operativo sea su responsabilidad ya que lo debe realizar la policía, que depende del gobierno provincial.

Representantes del municipio y la provincia mantuvieron una serie de reuniones este miércoles. En primer lugar se desarrolló un encuentroentre el subsecretario Legal y Técnico del municipio, Dalmacio Chávarri, y el subsecretario de seguridad Pública de la provincia, Gustavo Peters. Luego el intendente Miguel Lifschitz se entrevistó con el secretario de Promoción Comunitaria, Juan Carlos Forconi, para analizar las posibilidades de negociación con los sectores en conflicto que mantienen el acampe.

"Hemos tomado conocimiento de que el juzgado a cargo de Cadierno ha dictado una resolución, un expediente iniciado por una vecina de la ciudad de Rosario, donde demanda a la municipalidad y a la provincia, por medio de un recurso administrativo sumario, para que cese el estado de ocupación de la plaza San Martín, y se restablezca allí el derecho de todos los ciudadanos a gozar de ese espacio público", explicó Rosúa, en un comunicado enviado a los medios.

"La provincia tomó conocimiento de esta decisión en cuanto le compete, y el municipio también debe tomarlo, ya que la propia resolución habla de las obligaciones del Intendente de velar por la higiene del municipio, especialmente la limpieza, la desinfección del aire, de las aguas y de las habitaciones en todos los aspectos que concurran a asegurar la salud y el bienestar de los vecinos", planteó el funcionario.

Desde el municipio también confirmaron la recepción de la resolución, pero deslindaron responsabilidades. “La responsabilidad que le compete a la Municipalidad en el tema y el juez Cadierno reclama, es la referida a la limpieza y orden de la plaza como espacio público, pero el desalojo es competencia de la provincia, ya que es quien ejerce el poder de policía”, sostuvo el secretario de Gobierno municipal, Juan Carlos Zabalza, a Rosario3.com.