Por pedido del Concejo, el municipio verificó que el galpón donde funcionaba la imprenta de El Observador no contaba con las habilitaciones correspondientes y ordenó el cierre preventivo. El director sostiene que es un ataque a la libertad de expresión, la intendenta aseguró que no hay animosidad política y que se limitó a cumplir la minuta votada en forma unánime por los ediles
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Ricardo |
La clausura preventiva de un galpón donde aparentemente se imprime un períodico de San Lorenzo generó una polémica en la localidad el cordón industrial. Es que el propietario y director de El Observador dijo que la medida representa un ataque a la libertad de expresión, mientras que la intendenta Mónica de la Quintana explicó que ese galpón no contaba con la habilitación correspondiente y que la inspección en la que se verificó esa situación se realizó por una orden, votada por unanimidad, del Concejo Municipal.
Andrés Giareta, tituar del periódico, señaló que "alrededor de las tres de la mañana del miércoles efectivos de la policía de Tránsito de San Lorenzo cerraron con fajas de clausura el inmueble donde funciona el periódico".
Desde la dirección del medio de comunicación ya se recurrió a la presentación de un recurso de amparo para levantar la clausura del diario. "Es que la medida se hizo de manera forzada, sin dar ninguna explicación y se dejó encerrado al personal que a las dos de la mañana todavía se encontraba desarrollando la impresión", añadió.
Giareta narró que el periódicoEl Observador existe desde hace siete años y tiene una tirada diaria de cinco mil ejemplares de lunes a sábado que se distribuyen de forma gratuita en toda la zona del Cordón Industrial, comprendida por las localidades de Fray Luis Beltrán, San Lorenzo y Puerto General San Martín.
"No somos un medio oficialista. Desde siempre nuestras investigaciones y artículos siguieron la línea de denuncias acerca de sobreprecios por parte del secretario del Concejo Municipal y otra serie de irregularidades que se dan en el ámbito del municipio", advirtió Giareta.
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Para el director de El Observador lo ocurrido en la madrugada del miércoles no puede ser pensado de otra manera que un modo de intentar acallar la voz de la oposición. "Después de lo ocurrido recordamos que esto no pasaba en el país desde 1976 cuando cerraron el diario La Opinión. Claramente se trata de un hecho de censura", resumió Giareta.
La posición de la intendenta
La intendenta De la Quintana negó cualquier animosidad política en la medida y explicó que el municipio actuó en cumplimiento de una "minuta de comunicación votada por unanimidad por el Concejo", que ordenó, a partir de la denuncia de vecinos, que se constatara si había actividades industriales o comerciales en un galpó de 9 de Julio 1176 de San Lorenzo y si contaba con la habiliación correspondiente, "bajo apercibimiento de aplicación de las sanciones previstas en el Código de Faltas".
Además, siguió De la Quintana, en el segundo artículo se encomendaba al Departamento Ejecutivo "solicitar información a la Afip, la API y a la delegación San Lorenzo de la Secretaría de Trabajo para verificar la situación de los trabajadores".
Cuando los inspectores fueron al galpón –explicó la funcionaria– se encontró con una imprenta sin que hubiese permiso para ello, por lo cual se resolvió la clausura preventiva y se pasó el tema a la Justicia de faltas.
De la Quintana aclaró que no se clausuró el periódico, que sí tiene la habilitación comercial en una oficina de calle San Carlos. "Eso funciona", afirmó. Y negó animosidad de su parte o de su sector política argumentando que fue el Concejo, compuesto por ocho ediles de distintas agrupaciones políticas, los que pidieron que el municipio actuara. Es más, resaltó que el presidente del cuerpo es su opositor.
"Si no lo hubiera hecho, estaría incurriendo en incumplimiento de los deberes de funcionario público", agregó. Y aseguró que si se cumplen todos los requisitos no habrá problemas en habilitar el galpón.