El concejal del ARI, Nire Roldán, realizó una presentación judicial ante el Juzgado de primera instancia que ordenó el desalojo del Centro de Actividades Múltiples para Discapacitados Peldaños, una ONG nacida en 1995 para atender a niños y adolescentes con capacidades diferentes que no pueden concurrir a instituciones privadas.
Preocupación por el desalojo de un centro de discapacitados
En la sesión del Concejo Municipal se aprobó un proyecto que prevé un pedido de audiencia con el juez a cargo. La institución debería dejar el inmueble en el período de las vacaciones de invierno
En tanto, en la sesión de esta tarde del Concejo Municipal se aprobó el pedido de una audiencia con el juez a cargo y se convocó a autoridades administrativas municipales, provinciales y nacionales, para que apliquen las medidas de protección integral de derechos previstas en la ley 20.061 que brega por los niños y adolescentes.
El Centro de Actividades Múltiples para Discapacitados llamado Peldaños es una asociación civil sin fines de lucro que brinda servicios educativos desde el año 1995 a personas con capacidades diferentes.
En la actualidad cuenta con más de 50 niños y adolescentes. Además colabora con varios establecimientos educativos como la Escuela Particular Incorporada Nº 1324 “Príncipe de Paz”, Escuela Especial Nº 2050 “Teresa de Calcuta”; Escuela. Nº 156 “Provincia de San Luis”, entre otras, y se encuentra entre las instituciones que asisten a las personas con discapacidad de la Dirección Municipal de Inclusión.
Como la institución no cuenta con subsidios ni apoyo económico estatal de ninguna índole no pudieron afrontar los costos que surgen a partir del contrato de alquiler del inmueble ubicado en calle Cullen 1842 de nuestra ciudad, por lo cual se inició en su contra un juicio de desalojo, ordenándose el mismo el 14 de febrero del corriente, por el juzgado de primera Instancia de Circuito de la 5ª Nominación.
Ante esta situación el concejal del ARI, Nire Roldán, realizó una presentación judicial solicitando una medida cautelar de no innovar, ya que “de hacerse lugar al desalojo que se pretende, el perjuicio sufrido por los niños/as y adolescentes que asisten al establecimiento educativo será irreversible, frustrándose la garantía constitucional del derecho a la educación”.