A poco más de un año de haber sido acusados por la faltante de una ametralladora FMK3 de la Unidad Regional II, el ex jefe de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones, Oscar Romero, y su segundo, Sergio Gianola fueron procesados por incumplimiento de sus deberes de funcionario público, negligencia y malversación culposa, sospechados de haberles alquilado el arma a la banda narco Los Monos en octubre de 2012. La familia Cantero habría pagado por ella 30 mil pesos. Sospechaban, además que la ametralladora –que fue hallada tirada en un basurero un día después de denunciada desaparecida– habría sido utilizada para el ataque contra la concesionaria de autos, Stern Motors, que funcionaba frente al shopping Alto Rosario y que aparece vinculada a la organización narco en el fallo del juez Juan Carlos Vienna.
Procesaron a dos policías que habrían facilitado una ametralladora a Los Monos
Dos oficiales de la Dirección de Prevención y Control de Adicciones fueron acusados de querer alquilar la pesada arma de guerra a la familia Cantero en 2012. La FMK3 habría sido utilizada en el ataque a una concesionaria de autos alta gama ese mismo año
Según publicó Rosario12, la faltante de la Brigada Operativa de Dorrego al 100 había sido confirmada por Asuntos Internos el 25 de octubre de 2012 tras un llamado anónimo, y al día siguiente aparecido la ametralladora en un contenedor de Marcos Paz al 4300, con los guarismos inalterados y junto con 25 cartuchos FLB además de la cantidad de 3,775 kilos de marihuana.
El denunciante le había trasladado en aquel entonces al comisario mayor de la repartición provincial, Sergio Gorosito, el temor por la posibilidad de que los Cantero utilizaran el arma para matar a su hermano; un arma que –había asegurado el anónimo– los propios oficiales iban a alquilar a los Cantero en 30 mil pesos.
Las primeras hipótesis de ese octubre de 2012 vinculaban la ametralladora desaparecida con la balacera contra el concesionario de autos de alta gama del septiembre anterior.
La ametralladora FMK3, calibre 9 milímetros formaba parte del arsenal de la policía santafesina adjudicada a la Brigada Operativa Departamental 2 de la sección Drogas Peligrosas y debía ser administrada y custodiada por el personal ahora acusado. Por ello, luego de constatarse la "la violación de custodia", se les achacó a los jefes y a un oficial "haber hecho entrega de un arma de fuego a quien no resultara ser su legítimo usuario" y fueron pasados a disponibilidad.
Tras una breve estadía en la cárcel, Romero y Gianola fueron puestos en libertad y así continuaron la causa hasta ahora.
Para el juzgado, "las armas en una dependencia policial, cualquiera sea ésta, no pueden tener un autocontrol ajeno a responsabilidades, sino que el control es parte del resguardo de quienes tienen la obligación de hacerlo". Por ello, el juez dictó el procesamiento de Romero y Gianola, con un embargo de 30 mil pesos; mientras que sobreseyó a otro efectivo acusado, que no tenía autoridad dentro de la dependencia.