La mujer de 46 años detenida por la muerte de una joven de 21 años a la que le practicó un aborto clandestino declaró este lunes ante la jueza de Instrucción Nº2, Alejandra Rodenas. Ante la magistrada la mujer manifestó que la interrupción del embarazo se hizo con "consentimiento expreso de la víctima y con conocimiento de la familia, sobre todo de la madre". El caso, es el tercero en lo que va de 2009 y reabre la polémica por la despenalización del aborto. "La sanción penal no resuelve los embarazos no queridos", dijo Rodenas y cuestionó el vacío legal en torno a esta problemática.
Rodenas: "La sanción penal no resuelve los embarazos no queridos"
La jueza de Instrucción Nº 2, Alejandra Rodenas, cuestionó el vacío legal en torno a la problemática del aborto. Fue en el marco de la investigación por la muerte de una joven de 21 años que se sometió a una práctica clandestina. La mujer de 46 años que está detenida declaró que la interrupción del embarazo fue "con consentimiento de la víctima y de los familiares"
"Tenemos es el relato de la imputada y veremos en las próximas, horas cuando termine el duelo de la familia, cómo tomaremos declaración a la madre y a los tíos", expresó en contacto con Radio 2, la jueza Rodenas. Y añadió: "Aparentemente había acuerdo previo con la familia de la víctima y se habría tratado de un favor por parte de esta mujer que no tenía conocimientos de enfernería, sólo había trabajado en un geriátrico y manifestó haber hecho por primera vez un aborto".
La joven de 21 años, identificada como María Raquel Díaz, era oriunda de La Carlota (Córdoba) y madre de dos niños. Estaba embarazada de poco más de tres meses de mellizos y aparentemente llegó a la ciudad con el fin de interrumpir el embarazo.
Pero el aborto no se produjo y la chica falleció en el departamento de la mujer (Isola al 300, ubicada en el fonavi de Grandoli y Gutierrez), donde estaba alojada desde el viernes. La mujer de 46 años que ahora está detenida le colocó una sonda con medicación para despedir los fetos, pero hubo una serie de complicaciones. El aborto no se concretó y la chica murió el sábado a las 16.30 "Lo hizo con algún material que tenía en su poder y compró el resto para hacer esta práctica. Luego del fallecimiento, la pareja dio las pistas para iniciar la investigación y por último, la mujer se presentó espontáneamente", señaló.
El debate de la despenalización
En contacto con Radio 2, la jueza Rodenas planteó la necesidad de abrir un debate serio acerca de la despenalización de las prácticas abortivas. La magistrada manifestó que a partir de casos como éste "hay que pensar qué está pasando en torno a este vacío legal y a la falta de políticas legislativas que regulen el derecho al aborto". En tanto, relacionó la cuestión con el fallo de la Corte Suprema en torno a la inconstitucionalidad de penalizar la tenencia de droga para consumo personal.
Rodenas señaló que "un Estado moderno debe hacerse cargo de las prácticas modernas, es verdad que el derecho llega tarde y siempre llega atrás de estas situaciones". "Entendemos que la sanción penal no resuelve el tema de los embarazos no queridos", dijo.
La muerte de María Raquel Díaz es la tercera que se produce en la ciudad por complicaciones de abortos clandestinos. Los otros dos casos que conmovieron a Rosario se dieron a mediados de febrero pasado y con menos de 24 horas de diferencia. Se trató de dos mujeres, de 24 y 30 años, ambas de escasos recursos, que fallecieron en el Hospital Provincial.
Una de las chicas se llamaba Perla y tenía 24 años. Tras una intervención casera, llegó desde Arroyo Seco y fue internada de urgencia en el centro de salud de Alem y 9 de Julio donde ingresó con un cuadro que los médicos calificaron como “un aborto incompleto”. Tenía restos de placenta y eso le causó un shock séptico. Pese a la intervención de emergencia, murió en terapia intensiva.
La otra joven se llamaba Carina, y tenía 30 años. También falleció por una infección generalizada. La mujer era madre de tres hijos de 7, 11 y 16 años, y en este caso fue la propia familia la que denunció ante la policía que días antes se había sometido a un aborto clandestino en la casa de “una comadre” del barrio.
En los tres casos, hay un factor común, que no puede dejarse de lado. Las tres mujeres eran jóvenes, de muy bajos recursos y con escaso capital social, con lo cual ninguna tuvo acceso a una prática similar pero en una clínica privada. "En una familia donde hay una ley, independientemente de la ley del Estado, donde se conversa acerca de lo que significa criar hijos y traer hijos al mundo es difícil que esto ocurra y si ocurre, las chicas de esas familias van a clínicas privadas donde se realizan abortos en condiciones seguras", expresó. Y agregó: "En casos como el de esta joven, estamos hablando de situaciones de extrema crueldad. Donde la gente termina muriendo en condiciones infrahumanas. Estamos en un estadío medieval en relación a las percepciones de este fenómeno".