Rosúa responsabiliza a Binner por la crisis en la policía

El ex ministro de Obeid dijo que el antecesor de Bonfatti fue "irresponsable" en la conducción política de la fuerza y hoy su delfín paga los platos rotos

“Ha habido en la gestión Binner un manejo irresponsable desde el punto de vista de la conducción política y se están pagando las consecuencias”, dijo Rosúa en diálogo con el programa A diario, de Radio 2. Para el ex ministro, ante la falta de una conducción clara y la “irresponsabilidad” en el manejo político se produce este quiebre de la verticalidad.

“Ha habido toma de decisiones no pensadas. La responsabilidad total es del gobierno de la provincia, que debe asumirla, aparecer, tomar las decisiones para encontrar la solución. No es con cachetazos, sino con acciones políticas mesuradas,serias, pero también con una fuerte conducción política de la fuerza”, afirmó.

Para Rosúa, el principio del problema pasa porque en su momento, el gobierno de Binner “arrancó con promesas demagógicas a la policía que no pudo después cumplir y generó un clima que desarmó los cuadros de conducción verticalizada, algo que es esencial”. Además, sostuvo que el anterior mandatario tuvo “una irresponsable acción hacia un tema que prácticamente desconocía”, que es el policial.

“Hay un gran responsable que es el poder político. La conducción debe ejercerse con claridad, con clara conciencia de los objetivos planteados”, insistió.

Además, Rosúa criticó que “el gobierno es muy hermético; no deja ayudar a quienes queremos ayudar”, y recomendó a la gestión Bonfatti: “Que se ponga las pilas y seguramente va a encontrar la salida, porque dentro de la policía hay elementos suficientes para armar una respuesta a a sociedad”.

El 12 de abril de 2005, Rosúa enfrentó un autoacuartelamiento policial, cuando el agente Diego Ramón Navarro fue asesinado a balazos en el robo al supermercado Azul, ubicado en Ricardo Núñez al 500, donde cumplía un servicio adicional.

Tras el hecho un importante número de uniformados se autoacuarteló en la Jefatura que por entonces estaba en manos de Leyla Perazzo. Fueron 20 horas de incertidumbre y discusiones de alto tenor en la cual los policías denunciaron la falta de armas en condiciones, de chalecos antibalas y de uniformes entre otras falencias en el servicio.

Después de una prolongada asamblea, los agentes levantaron la medida aceptando el pago de 500 pesos por única vez para la compra de insumos. Entonces el gobierno de Jorge Obeid pasó a disponibilidad a una veintena de agentes y en febrero de 2006 dictó la cesantía de nueve de ellos a los que consideró líderes de la rebelión. Eran los dirigentes de los incipientes gremios policiales que nunca fueron reconocidos en la provincia, Apropol y Adepol.

Apropol apoyó la movilización de estos días.