Los usuarios y consumidores de Rosario recurren cada vez más a las ONG que defienden sus derechos. La asociación civil Ojos Ciudadanos relevó en 2009 más de 600 reclamos efectuados por los interesados en forma personal, vía telefónica o por mail. Del total de quejas, un 35 por ciento lo concentran las prestaciones de salud, la telefonía celular y el servicio de internet. Se ubican luego, las protestas relacionadas con servicios financieros y multas por radares.
Salud, telefonía celular e internet encabezan los reclamos
La asociación civil Ojos Ciudadanos recibió en 2009 más de 600 quejas de consumidores y el 35 por ciento se concentra dentro de esos tres rubros. Aconsejan no firmar contratos sin leer la letra chica, ya que es la causa de muchos reclamos
“Lo que más preocupa a la gente es no poder contar con las prestaciones de salud cuando las necesitan –dijo Miguel Ángel Genovese, vicepresidente de la ONG, en diálogo con Rosario3.com– y este año tuvimos muchos casos relacionados con cirugías que algunas obras sociales o empresas de medicina prepaga se negaban a cubrir, a pesar de estar incluidas en el Programa Médico Obligatorio (PMO)”.
Otra situación que debieron resolver las organizaciones, en relación con la salud –puntualizan desde la ONG– fue la del cambio de obra social, que genera un período de transición en el cual tanto la antigua prestadora, como la nueva, se negaban a brindar cobertura al afiliado.
En el rubro telefonía, las protestas se centraron en las “promociones y publicidades con potenciales descuentos que luego no se veían reflejados en las facturas”, dijeron desde la organización.
En relación con internet, muchos usuarios denunciaron ante las oficinas de defensa del consumidor que “la velocidad para subir y bajar información de la red con la que contaban, era menor a la que les habían dicho cuando firmaron el contrato”.
“Pero a veces –advirtió Genovese, en su carácter de abogado–, en la letra chica se especifican las condiciones que debe reunir la computadora del usuario para que el servicio se pueda aprovechar al ciento por ciento, aunque en contadas ocasiones, tenemos posibilidad de leer el texto completo antes de firmar. En esos casos (cuando el usuario sin leer, firma y acepta condiciones que desconoce) es más difícil lograr una solución que lo favorezca”.
En tercer lugar, en cuanto a cantidad de reclamos, la asociación ubica a los servicios financieros, brindados tanto por algunos bancos como por algunas compañías financieras que cobraron tasas de interés superiores al 45 por ciento. “Ese porcentaje, ni siquiera guarda relación con la inflación medida oficialmente, por lo cual, algunas personas terminaron pagando intereses excesivos, que habían aceptado sin advertir las consecuencias”, afirmó el representante de Ojos Ciudadanos.
El cuarto y último lugar lo ocuparon las multas por radares en todas las jurisdicciones (local, provincial y nacional), ya que –a juicio de Genovese– “la información con que cuentan los automovilistas para circular es muchas veces imprecisa".
"Los conductores aducen no conocer con certitud qué radares funcionan y cuáles no, por lo cual se ven sorprendidos al momento de recibir las multas por infracción”, agregó el especialista. Pero no sólo el exceso de velocidad motivó las quejas: la disposición de circular con las luces bajas encendidas provocó infinidad de multas, aunque muchos de los sancionados decían haberlas llevado como corresponde. “Al no haber fotografía que lo pruebe –dijo el abogado– la discusión enfrenta las dos supuestas verdades: por un lado, la del municipio que administra el radar, y por el otro, la del conductor que se defiende”.
La evolución de los derechos
A partir de la entrada en vigencia de la Ley nacional 24.240 de defensa del consumidor, en 1993, empezaron a hacerse públicos, mediante el minucioso trabajo de innumerables ONG dedicadas al tema en todo el país, los derechos que los usuarios y consumidores poseen, desde el momento en que adquieren o alquilan un bien mueble o inmueble, o contratan un servicio.
Si bien los derechos existían con antelación, recién desde la sanción de la ley, los ciudadanos comenzaron a interiorizarse acerca de ellos y empezaron a contar con legislación apropiada para poder defenderse de empresas y particulares que no los respetaban.
En los años 90 fueron los planes denominados tiempos compartidos los que provocaron la mayor cantidad de quejas de los consumidores que, supuestamente, podían elegir el lugar de vacaciones entre un grupo de opciones que les ofrecían los vendedores; y luego se encontraban con que rara vez sus expectativas se veían satisfechas.
Pero en 2009, el panorama es otro. Según Ojos Ciudadanos, que trabaja desde hace cinco años en la defensa de usuarios y consumidores, la mayor parte de las quejas (35%) estuvieron repartidas este año entre salud, telefonía celular e internet.