La ley nacional 26061 de protección integral de niños, niñas y adolescentes entra en vigencia plenamente en la provincia de Santa Fe a partir de este mes. Será a partir de la puesta en práctica de la ley 12967 de carácter provincial, aprobada en la Legislatura santafesina y en proceso de reglamentación por parte del Ejecutivo.
En momentos en que a nivel nacional se debate un nuevo régimen penal juvenil, para los asuntos sociales, civiles y de protección de los niños, esta nueva herramienta servirá para desjudicilizar muchos aspectos que bajo el antiguo régimen de patronato estaba bajo la órbita del Poder Judicial.
Ahora será el Ejecutivo provincial –a través de la Secretaría para el Desarrollo de la Ciudadanía– el que tendrá la responsabilidad de iniciar los procedimientos de intervención en casos que no tengan que ver con lo penal (abandono de niños, adopciones, violencia familiar, u otros casos sociales).
Santa Fe estrena su propia ley para niños y adolescentes
Entra en vigencia la norma santafesina que adhiere a la legislación nacional sobre minoridad, aprobada en 2005. Con esta herramienta se aclaran las competencias judiciales y se determina que el Estado provincial deberá atender casos sociales y causas civiles con la intervención de un juez de familia. Los jueces de menores sólo atenderán asuntos penales
Los operativos deberán ser completados con la legalización de un juez de familia, dejando a los jueces de menores encargados solamente de los asuntos penales.
Los cambios
En el gobierno santafesino festejan. “Tenemos ley propia y se puede avanzar un poco más en lo que venía funcionando con la ley nacional”, dijo a Rosario3.com la secretaria para el Desarrollo de la Ciudadanía, Patricia Giuricich.
Concretamente, y de acuerdo a lo manifestado por la funcionaria, la ley santafesina permitirá avanzar en cuestiones de género e incorpora artículos vinculados a derechos como la salud y la educación. La norma local además establece que un estamento de la provincia creado a tal fin (la Secretaria para el Desarrollo de la Ciudadanía) es la encargada de ejecutar la ley.
Y, quizá lo más importante, determina la derogación del Código de Procedimiento de Menores. Esto permite que no exista ninguna duda de las competencias de los poderes del Estado en asuntos de minoridad. Hasta la sanción de la ley provincial muchos jueces se declaraban incompetentes en varios asuntos bajo el argumento de que no estaba claro si debían proceder de acuerdo al Código de Menores o según la nueva ley nacional 26061. Ahora, la norma provincial lo deja bien estipulado.
Más presupuesto
Para Giuricich, será necesario “jerarquizar presupuestos” para el área que dirige y las direcciones provinciales que están bajo su órbita. Son en total 5 las jurisdicciones que dependen de la Secretaria para el Desarrollo de Ciudadania: Rosario, Villa Constitución, Reconquista, Rafaela y Santa Fe (esta última aún en construcción).
Con todas las herramientas en funcionamiento, el ejecutivo provincial será el encargado de tomar las medidas ordinarias y excepcionales que marca la ley. Esto es, se deberá impulsar y garantizar desde el Estado el acceso a becas educativas, planes de salud, tarjetas de ciudadanía y otros planes.
Pero además, el ejecutivo será el encargado de intervenir en procedimientos excepcionales que antes estaban en manos de jueces de menores. Por ejemplo, en un caso de abandono familiar los grupos interdisciplinarios de la Secretaría para el Desarrollo de la Ciudadanía serán los encargados de determinar la derivación del menor a otro espacio. Lo mismo en un caso de maltrato familiar, donde es necesario sacar a un chico de su hogar.
El procedimiento deberá ser legalizado por un juez de familia que aprueba o no lo que determina la Secretaría. Y todas las medidas deberán ser revisadas cada 90 días.
“Este es uno de los beneficios de la nueva ley”, señala Giuricich y agrega que antes “con la antigua ley de patronato, un juez internaba a un menor en una institución y quedaba para siempre allí, no había una revisión periódica de la medida”.
Otra de las soluciones que aporta nueva ley provincial es la mejora de los procedimientos de adopción que –como se explicó en Rosario3.com el año pasado– estaban trabados en Santa Fe por el vacío legal en la materia.
La oposición festeja con cautela
En la oposición también celebran la nueva legislación aunque esperan con cautela la puesta en práctica.
El diputado provincial del Justicialismo Marcelo Gastaldi fue uno de los impulsores junto a la socialista Lucrecia Aranda y a Marcelo Brignoni de la adhesión provincial a la ley nacional.
Opinó que la puesta en práctica significará “un cambio de paradigma” ya que “se abandonará la visión asistencialista del patronato para pasar a tener políticas más activas para la niñez de parte del Estado”.
El niño pasa a ser sujeto y no objeto de derecho”, sintetizó el legislador y agregó que para eso será necesario que se avance en la reglamentación de la ley y se incorporen recursos para infraestructura y recursos humanos.