Si bien ayer un juez emitió, a instancias de una vecina de plaza San Martín, una orden para liberar ese espacio público del acampe de protesta que desde hace dos semanas mantiene en el lugar la Corriente Clasista Combativa (CCC) por el momento la situación no ha cambiado.
"Trabajamos con la provincia para que se levante el acampe"
El subsecretario Legal y Técnico municipal, Dalmacio Chávarri, aseguró que la ciudad colaborará para desalojar plaza San Martín pero insistió en que "a la provincia le corresponde pensar la estrategia". Un juez ordenó forzar la liberación de ese espacio público en cinco días
"Trabajamos con la provincia para lograr que se levante el acampe", confesó a Radio 2 el subsecretario Legal y Técnico municipal, Dalmacio Chávarri, quien sin embargo insistió en que "el mayor peso de la medida le corresponde a la provincia, independientemente de la colaboarción que podamos ofrecerle".
El funcionario insistió en que "la responsabilidad de la estrategia" que se utilizará para liberar plaza San Martín es del gobierno provincial, que es quien maneja la policía, por lo que no develó cómo se piensa cumplir la orden judicial.
"La resolución judicial distingue lo que hace al uso de fuerza pública y dice que es un tema de la provincia. Pero el juez entiende que la salubridad de las personas y el cuidado del espacio público son responsabilidades compartidas con la Municipalidad. Por eso en la resolución pide que el municipio colabore con estas medidas", aclaró.
Más allá de la decisión judicial, "hemos compartido con la provincia situaciones como esta, la última vez cuando fue el corte en Baigorria (y Circunvalación)", recordó Chávarri.
Ayer, el ministro de Gobierno Roberto Rosúa aseguró que el gobierno provincial "dispondrá medidas y acciones en común con la Municipalidad para cumplir la resolución judicial" emitida por el juez Carlos Cadierno que obliga a desalojar la plaza San Martín en un plazo de cinco días.
"Hemos tomado conocimiento de que el juzgado a cargo de Cadierno ha dictado una resolución, un expediente iniciado por una vecina de la ciudad de Rosario, donde demanda a la municipalidad y a la provincia, por medio de un recurso administrativo sumario, para que cese el estado de ocupación de la plaza San Martín, y se restablezca allí el derecho de todos los ciudadanos a gozar de ese espacio público", explicó Rosúa, en un comunicado enviado a los medios.
"La provincia tomó conocimiento de esta decisión en cuanto le compete, y el municipio también debe tomarlo, ya que la propia resolución habla de las obligaciones del Intendente de velar por la higiene del municipio, especialmente la limpieza, la desinfección del aire, de las aguas y de las habitaciones en todos los aspectos que concurran a asegurar la salud y el bienestar de los vecinos", planteó el funcionario.
También ayer hubo una reunión de dirigentes de la CCC en el Arzobispado, donde no hubo funcionarios. Allí el movimiento presentó una contrapuesta en la que pide, si no es posible conseguir materiales de construcción, elementos de abrigo y calefacción.
“Si les incomoda que pidamos materiales, queremos que nos den más elementos para el frío, como abrigos y garrafas”, detalló Delmonte, aunque se resignó: “Pero esto termina siendo un negociación del mercachifle de la miseria”.
De todas formas, el dirigente indicó que hubo un avance aunque leve, y que el acampe en la plaza continuará. “Hemos subido un escaloncito, pero vamos a seguir estando en la plaza”, sentenció.
En relación a las bajas temperaturas que por estas horas, y sobre todo por la noche, deben soportar quienes acampan en la plaza, Delmonte explicó que se quedarán “los hombres o los jóvenes”, mientras que se mandarán a sus casas a las madres con los más chicos.
Y ya sobre la noche, denunció que la plaza quedó sin luz por un corte intencional. “En la Facultad de Derecho sacaron una fase y apagaron las luces de la plaza, sólo las calles quedaron iluminadas”, denunció en diálogo con este medio.
En otro orden, sobre el pedido de un juez que dio un plazo de cinco días para desalojar el espacio público frente al edificio de la Gobernación, dijo tener una copia de la resolución y que en ésta sólo se exige que el Estado cumpla su función “pero no se menciona la palabra desalojo”. “Entendemos que se intima a que el Estado cumpla sus obligaciones, pero es lo que nosotros también venimos pidiendo”, puntualizó.