Una abogada de familia y asesora letrada del Instituto de Seguridad Pública fue separada preventivamente del cargo por el Ministerio de Seguridad de la provincia, luego de detectarse que habría falsificado la firma de una colega en, al menos, dos adopciones tramitadas en un tribunal de familia de Rosario.
Según el portal santafesino Notife, la Dirección de Asuntos Internos recomendó el lunes pasado el pase a disponibilidad de Sandra de Miguel, acción que fue concretada este miércoles.
La causa por la presunta falsificación se sustancia en el Juzgado de instrucción de la 5ª Nominación de Rosario que, además, acumuló otra causa por la denuncia de una ciudadana boliviana que había sido presionada para entregar su hijo en adopción hace unos meses.
Asuntos Internos fue informada por la justicia de la situación y este lunes pidió formalmente al ministerio de Seguridad que se pase a disponibilidad a la funcionaria hasta tanto se delimiten sus responsabilidades.
El hecho sale a la luz en el mismo momento en que la justicia investiga si la venta de bebés en el hospital Provincial de Rosario es producto del accionar de una banda organizada o de particulares con buenos vínculos en la policía, en el centro de salud y en la justicia.
De Miguel, asesora letrada del Instituto de Seguridad Pública (Isep) de la provincia y oficial auxiliar de la fuerza, ingresó al organismo de la mano de Adela Aichino, jefa del Isep. Ahora quedó comprometida en una investigación judicial en la que también participó la Dirección de Asuntos Internos en el marco de una denuncia por falsificación de firma.
La funcionaria habría falsificado la firma de la abogada Mónica Repiso en –al menos menos– dos trámites de adopciones en un juzgado de Familia de Rosario que, tras enterarse de la maniobra irregular, le corrió traslado a la Justicia de instrucción. Repiso es también asesora letrada de la policía y cumple funciones en la Unidad Regional XVII con asiento en San Lorenzo.
De Miguel ya había quedado comprometida en otra adopción que tuvo como protagonista a una mujer de origen boliviano que denunció presiones de la operadora judicial para entregar en guarda a su bebé. La oportuna intervención judicial posibilitó la restitución del niño a la madre, pero los coletazos del ardid llegaron hasta el consulado boliviano que pidió intervenir en el expediente judicial como parte interesada en la protección de los derechos de la comunidad en nuestro país.
Ahora la abogada está sospechada de haber falsificado la firma de Repiso en dos expedientes de adopciones distintos y, por la gravedad del hecho, la Dirección de Asuntos Internos pidió la sanción administrativa consistente en el pase a disponibilidad de la asesora letrada del ISEP.
Conocedora del tema a fondo
Sandra de Miguel es abogada especializada en derecho de familia, principalmente en adopciones. Es hija y madre adoptiva. En varias exposiciones alentó la adopción directa.
“La adopción directa es absolutamente legal, sin embargo hay quienes la miran con malos ojos, sospechando de su honradez”, dijo la funcionaria en una entrevista publicada en internet.
“Yo quiero reivindicar la adopción directa, que no significa falsificaciones, ni intercambio de dinero –remarcó–, simplemente es un mecanismo legal que produce el encuentro de una mujer que, protegiendo el derecho a la vida, decide que la criatura que lleva en su vientre no podrá ser criada por ella. Entonces, se busca un matrimonio cuyo deseo de adoptar sea un anhelo profundo”, explicó la abogada. Y agregó: “Hoy por hoy en Santa Fe el 98,8 por ciento de las adopciones son directas, porque tal como está planteado el sistema, no hay otra forma”.