Un auto que nunca fue rematado, pero que supuestamente había sido subastado por orden judicial, sería la punta del iceberg de una presunta red de venta ilegal de vehículos. En el caso, denunciado por un habitante de Venado Tuerto, estaría involucrado un oficial de Justicia de esa localidad que está siendo investigado además por otras dos causas. 

La primera causa judicial, que sacó luego a la luz a otras dos similares, estuvo protagonizada por un ciudadano venadense, Miguel Ángel Gacé, quien en el año 2000 compró un auto Wolkswagen Gol cero kilómetro, en una concesionaria de Rosario. Para efectuar la transacción, entregó el 50 por ciento del dinero en efectivo y el resto acordó pagarlo con un crédito de la misma concesionaria, pero su situación económica –como la de la mayoría de los argentinos– se complicó con la devaluación, y se atrasó en el pago de cinco cuotas. Con esfuerzo logró reunir el dinero para saldar dos de las cinco, y como no podía afrontar la deuda restante decidió vender el vehículo a fin de regularizar su situación en la concesionaria.

Hasta allí podría considerarse una historia común. Pero la situación de Garcé se complicó cuando desde el salón donde exhibía su auto para la venta le informaron que allí se había presentado un oficial de Justicia y había procedido a secuestrar –mediante una orden de un rematador rosarino– el auto para su posterior remate por orden de un juzgado de Capital federal, jurisdicción a la que pertenece la casa central de Wolkswagen.

Todo siguió por los carriles normales hasta que hace unos meses Gacé recibió la visita de un gestor que le pidió que firmara el formulario 08 del Registro Automotor, el que se completa para realizar la transferencia de un auto. A partir de entonces el damnificado comprendió que el auto nunca había sido rematado y que seguía figurando a nombre de él en el registro. Por esta razón se negó a firmar la transferencia sin antes comprobar el estado del vehículo, a fin de no resultar implicado en ningún problema legal surgido del mal uso del vehículo a manos de desconocidos.

De allí en más, todo se transformó en un calvario para Gacé y su familia quienes fueron incluidos en el veraz y recibieron presiones de parte de diversos emisarios del oficial de Justicia y amenazas anónimas en el teléfono que ponían en peligro la integridad de la familia. Además, tuvieron serias dificultades para conseguir un abogado de ese fuero que aceptara defenderlos y se atreviera a cuestionar el accionar de la Justicia venadense.

Por último, Gacé decidió difundir públicamente lo que le estaba pasando para ver si el periodismo podía darle las garantías que no le brindaba la Justicia de su ciudad. Cuando esto sucedió, la fiscal de Cámara Graciela Mastrocesare intervino de oficio y antes de que prescribiera la causa, envió a las actuaciones a la Justicia Penal de Rosario, en virtud de que la localización de la concesionaria.

Otras novedades trajo aparejada la difusión de lo sucedido: se conocieron dos nuevas denuncias de otros damnificados venadenses que perdieron sus vehículos en circunstancias similares y luego de la intervención del mismo oficial de Justicia que secuestra vehículos, en principio sin cumplir los requisitos que marca la ley.

El abogado que hoy patrocina a Gacé con el objetivo de esclarecer la responsabilidad civil que podría caberle sobre el vehículo cuya transferencia nunca había sido efectuada, fue también perjudicado por el mencionado oficial, desde ahora, en la mira de la Justicia.