Actualmente, en el mundo existen 180 millones de personas que sufren algún tipo de discapacidad visual, entre 40 y 45 millones de ellos son totalmente ciegos y las previsiones apuntan a que estas cifras se dupliquen de aquí al 2020 como consecuencia del crecimiento demográfico y el envejecimiento de la población.
La patología de cataratas, en especial, consiste en una opacidad progresiva del cristalino que llega a impedir la visión pero que a la vez es perfectamente curable sólo si se realiza una sencilla operación que consiste en la ablación del cristalino o lente natural del ojo y su reemplazo por una prótesis implantable.
Por esta razón, la iniciativa de Bonfatti propone que “la ceguera por cataratas constituya una política de salud pública del estado santafesino, es decir que sea obligación del Estado provincial brindar cobertura gratuita para el diagnóstico, tratamiento e intervención quirúrgica de la ceguera por cataratas en los hospitales públicos preparados para ello, a todas aquellas personas que no cuenten con cobertura médica".
El proyecto se basa en la necesidad de dar respuesta a muchas personas que como consecuencia de su situación de pobreza, no pueden acceder a los centros de atención médica y recibir el cuidado y la prevención a tiempo.
El diputado manifestó que "mientras las autoridades provinciales sostienen que Santa Fe cuenta con una red de salud visual en toda la provincia con consultorios y equipamiento adecuado de última generación, el sistema de salud pública actualmente no contempla la cirugía gratuita de esta patología, salvo intentos aislados y asistemáticos producto de convenios con algunas organizaciones de la sociedad civil que otorgan subsidios para insumos". Y agregó que "en nuestra provincia no existen estadísticas confiables. Algunos estudios indican -en concordancia con los registros nacionales- que esta patología constituye una de las principales causas de alteración de la visión de los adultos mayores".
La enfermedad de cataratas es la que provoca la mayor cantidad de cegueras evitables en Argentina y Latinoamérica y el Estado –sostiene Bonfatti– tiene en sus manos una herramienta indispensable para resolver esta problemática.