Gran parte de los decanos de las facultades públicas y universidades privadas de Entre Ríos expresaron, en consonancia con lo que está pasando el resto del país, su preocupación ante la nueva ley de pasantías, –sancionada el 18 de diciembre de 2008, aunque aún resta reglamentar- y que tuvo como principales impulsores al abogado laboralista de la CGT, diputado Héctor Recalde y la senadora entrerriana Blanca Osuna.

Se concretó una reunión para intercambiar percepciones sobre el tema entre empresarios y decanos y autoridades universitarias y donde se desmenuzó el texto de la ley Nº 26.427 en el que se fueron presentando los reparos y donde se planteó directamente la necesidad de buscar modificar artículos que abiertamente se consideran nocivos. Todos piden la continuidad de la herramienta académica y consideran “loable” el espíritu que envuelve a la iniciativa y los objetivos que persigue.

La mayoría de los representantes de las universidades entendieron, en esa oportunidad, que con la incorporación del artículo 19 que propone que la relación del pasante se convierta en relación laboral e intervenga el Ministerio de Trabajo y los juzgados laborales para la resolución de los conflictos, las pasantías sufrirán una baja importante, al tiempo que los empresarios insisten en sostener que el nuevo esquema incorpora nuevos costos al sector privado.

En general, las universidades se oponen, aunque no todos. La Uader, en esa reunión mantuvo una visión optimista a la ley, y que –quizá con buen criterio- solicitó a las universidades mayor compromiso con el pasante y la relación para no tener que llegar a instancias en los fueros laborales.


El decano de la Facultad de Abogacía de la delegación Entre Ríos de la Universidad Católica Argentina, Roberto Quinodoz, aseguró que la nueva legislación, en gran parte va a frustrar el propósito de fomentar las pasantías que persigue, y pone a los empresarios en situación de desconfianza y cautela, injustificada, y por la cantidad de requisitos que conlleva, y desalienta la contratación.

“Quizá el propósito del legislador ha sido loable para evitar fraudes laborales, pero lo cierto es que la experiencia muestra que son pocos los casos en que se constató fraude, y los alumnos prefieren la cuestión académica y profesional. En la forma que quedó el texto de la ley se percibe una sobreproctección al pasante, por lo que el empleador ha tomado tantas precauciones para evitar demandas judiciales que ya se advierte una caída en el porcentaje de interés en los números de estudiantes haciendo pasantías”, precisó el reconocido abogado.

Los hombres de las universidades creen que hubo pocas consultas, sobre todo en la provincia, especialmente porque una de las principales impulsoras es entrerriana, y mucho menos se consultó con el alumno, que en esta etapa de su vida privilegia siempre los aspectos académicos y de vinculación con el mundo del trabajo por sobre los aspectos sociales, sin perjuicio de castigar los excesos.

Fuente: El Diario de Paraná