Lejos de terminarse, la polémica por la pastera Botnia suma nuevos elementos que hacen temblar las relaciones bilaterales. Este viernes, el gobierno uruguayo acusó a la delegación argentina de haber manipulado y modificado datos de un estudio sobre el estado del río Uruguay que fue presentado ante la Corte de Justicia de La Haya.
Ambos países presentaron sus argumentos ante ese tribunal internacional a la espera de que, en los primeros meses del año que viene, se anuncie un dictamen que termine finalmente con la controversia. El gobierno argentino acusó a los uruguayos de haber violado el tratado del Río Uruguay, al autorizar que en su margen se construyera la planta de celulosa de Botnia.
Ahora, la Dirección de Medio Ambiente del Uruguay (DINAMA) dio a conocer un informe en el cual acusa a la delegación argentina de tergiversar información clave. Allí se detalla que "Argentina recurrió a afirmaciones contradictorias con la realidad, a sesgar y manipular datos, a la adulteración de documentos e inclusive a infringir el reglamento de la propia Corte".
En el documento se sostiene que el gobierno argentino denunció que los datos interpuestos por Uruguay en sus alegatos no eran confiables. Sin embargo "cuando le tocó exponer en una de las audiencias" usó algunos de ellos "de manera muy particular".
La acusación es que, a partir de datos de la uruguaya Obras Sanitarias del Estado (OSE), se planteó que los efluentes de Botnia habían dañado la calidad del río y violaban los límites que fija la Comisión Administradora del Río Uruguay para el parámetro "oxígeno disuelto".