La violencia de género podría encontrar un principio de solución o al menos, una alternativa si el Estado contara con un presupuesto mayor que permitiera garantizar a las víctimas un lugar donde habitar junto a sus hijos. Éste es el planteo de la diputada Virginia Linares, quien junto a su par Victoria Donda (ambas del Frente Amplio Progresista), propusieron declarar la emergencia nacional por esta problemática.
Violencia de género: “Falta dinero para políticas públicas”
La diputada Virginia Linares, quien propuso declarar la emergencia nacional por esta problemática, consideró en Radio 2, que el Estado debe garantizar a las víctimas un lugar de residencia y la manutención de los hijos. “La falta de recursos las obliga a quedarse en su casa y sufrir violencia”, alertó
En los últimos días se conocieron a través de los medios de comunicación dos casos extremos. Una mujer fue brutalmente golpeada por su ex pareja delante de su hija en la ciudad de Bahía Blanca y la impactante escena fue registrada por una cámara y luego, reproducida en Internet. El otro caso, es una joven que fue golpeada y recibió descargas eléctricas con una picana por parte de su ex novio durante cuatro horas el día de su cumpleaños.
En diálogo con el programa A Diario (Radio2), la legisladora explicó que “la emergencia nacional implicaría la utilización de dineros públicos en la problemática que no fueron previstos para su utilización en 2012”. La iniciativa consiste en utilizar las partidas presupuestarias para subsidiar a las víctimas de la violencia de género.
“Nuestra ley actual es muy buena pero, a nuestro entender, faltaría dinero para establecer políticas públicas al respecto”, remarcó y observó: “Hay que pensar en la mujer que se decide a hacer la denuncia, hay que tratar de darle refugio, de alojarla en un lugar que le permita alejarse del agresor”.
“Vemos que muchas mujeres ante la imposibilidad de contar con un lugar para permanecer y de darles de comer a sus hijos, no tienen otra alternativa que retornar a sus casas”, indicó Linares. En este sentido, consideró que esta situación que suele repetirse, podría modificarse si el Estado contara con recursos propios para asistir a las víctimas y a sus hijos.