En tanto, la mesa de enlace de las entidades agropecuarias comenzarán la semana con una reunión en la que estudiarán los pasos a seguir, aunque ya dejaron claro que pretenden una nueva política integral de desarrollo agropecuario, para lo que esperan el llamado a un urgente encuentro con el gabinete de Cristina Kirchner.
El ministro de Economía, Carlos Fernández, firmó el viernes pasado las tres resoluciones destinadas a hacer efectiva la decisión de la presidenta de dejar sin efecto la resolución 125 y reestablecer el esquema de retenciones que estuvo vigente hasta el 10 de marzo pasado para las exportaciones de soja, girasol, maíz y trigo.
Allí se instruyó al funcionario a limitar la vigencia de la norma que puso en marcha el esquema de retenciones móviles –dispuesta el 11 de marzo durante la gestión del ex ministro Martín Lousteau– y la reposición de las posiciones arancelarias dispuesta el 7 de noviembre pasado.
Con la derogación de la resolución 125, las retenciones para la soja vuelven a una alícuota fija del 35 por ciento; para el girasol al 32 por ciento; para el maíz al 25 por ciento y para el trigo al 28 por ciento.
En los considerandos del decreto que instruyó la derogación de las retenciones móviles, las autoridades nacionales rescatan la "necesidad" de que el país adopte un sistema de derechos de exportación "variables o móviles" a fin de asegurar "la protección del interés de los que menos tienen".
La decisión del gobierno, dispuesta un día después que el Senado –con el voto decisivo del vicepresidente Julio Cobos– rechazara el proyecto de ratificación del esquema de retenciones móviles, fue saludada por las entidades agropecuarias.
"Este es el fin del conflicto", dijo el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, mientras que su par de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, calificó a la decisión de "una buena noticia".
"Esta es una medida que nos atrasó y nos metió en un conflicto con el que tanto perdimos. Es momento de recuperar el tiempo perdido y volver a producir", agregó Miguens.
Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) e integrante de la Mesa de Enlace, Mario Llambías, destacó como "un gesto" la decisión de limitar los alcances de la resolución 125 y observó que "la resolución va en buen camino, pero no termina con la causas que dieron lugar al conflicto; no pone fecha para la reducción de los aranceles".
Una reunión a la espera de otra
Mientras tanto, los dirigentes agropecuarios se encontrarán este lunes para analizar los pasos a seguir luego del conflicto, aunque ya dejaron claro que el gobierno debe llamar a una reunión de carácter urgente.
Los ruralistas piden una política de desarrollo integral para el sector que contemple a los pequeños productores, a las economías regionales, a la lechería y a la ganadería, y para ello consideraron que el Poder Ejecutivo debe designar "un interlocutor que entienda y tenga poder de de decisión".
Además, las entidades deben analizar, entre otros puntos, la situación generada por las resoluciones que pusieron "límite" a la 125 que introdujo la movilidad de las retenciones a las exportaciones de granos.
En ese sentido, no se descarta que promuevan el inicio de acciones legales contra la resolución porque se avala lo cobrado durante el período en que rigió el esquema.