Como ante cada operación que se realiza, los dirigentes canallas necesitaban la aprobación de la jueza Liliana Giorgetti para cerrar la millonaria transferencia: sin embargo, dicha aprobación no llegó en tiempo y forma y los directivos decidieron rubricar el contrato pasando por alto a la autoridad.
Según se explica, Benfica estipuló como tiempo límite para formalizar los pases el jueves 2 de agosto (para incluir a Di María en la Liga de Campeones), razón por la cual los dirigentes trasladaron la inquietud a la jueza. El tema es que como la respuesta se demoró, los directivos decidieron rubricar los traspasos para poder cumplir con el pedido lusitano y por temor a que la operación se frustre.
La magistrada tenía decidido no aprobar la transferencia, ya que el artículo 4º del contrato indica que Central no se quedaría con el 20% de los derechos económicos de Di María sino con la plusvalía por ese porcentaje, o sea por el excedente a los seis millones. Por ejemplo, si el jugador en un futuro es vendido por el Benfica en 10.000.000 de euros, Central no recibirá el 20% de esa cifra (o sea 2.000.000 de euros), sino el 20% del excedente (o sea 800.000 euros). Este es, pues, el artículo que la jueza quería modificar, aunque Pablo Scarabino y el resto de la comitiva no le dieron esa posibilidad.
Tras semejante desautorización pública habrá que ver qué medida toma la jueza, que en principio estaría muy disgustada con el procedimiento del presidente auriazul y sus colaboradores.