El gobierno iraquí anunció este martes que revisará todos sus contratos con compañías de seguridad tras retirar la licencia a la estadounidense "Blackwater" después de que sus agentes matasen el domingo a diez civiles.

Es hecho fue enmarcado en una problemática particular. Uno de las innovaciones democráticas que llevó Estados Unidos a Irak luego de su invasión son las empresas de seguridad privada. Es que ante la escalada de violencia que ni el gobierno local ni el Ejército norteamericano pueden controlar, miles de agentes son contratados por distintas compañías e instituciones para protegerse.

Sin embargo, el asesinato de diez civiles por parte de guardias de seguridad extranjeros desnudó los peligros de ese escenario, también fuera de control. Empresas privadas como Blackwater libran una guerra paralela por fuera de las leyes del país árabe: la guerra privatizada.

Según publicó el diario El Mundo de España, el creciente sector de la industria de seguridad privada, principalmente en manos extranjeras, proporciona empleo al menos a 25 mil personas de Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Brasil y otros países.

Estas compañías son en gran medida contratadas por el Ejército estadounidense, que busca así compensar la escasez de tropas en algunas zonas. Su tarea es combatir a los insurgentes en una lucha que acompaña a la que libran sus propias tropas junto a las fuerzas locales, sobre todo en Bagdad, señala el medio.

Llegan a proporcionan incluso protección a altos cargos, como el embajador estadounidense, Ryan Crocker, y vigilan las instalaciones militares. En cambio, los servicios que prestan las empresas iraquíes son de menor nivel, como proporcionar guardaespaldas privados y proteger a empresas y bancos. Sus trabajadores son principalmente antiguos miembros de las fuerzas armadas y ex agentes de policía que no lograron integrarse en las unidades actuales.

Para el diputado chií Abbas al Bayati, miembro del Comité de Seguridad y Defensa, no existe una legislación para esta actividad y el Parlamento analiza una propuesta de ley para compensar a las víctimas de la violencia perpetrada por estas sociedades privadas.

En este caso, sin embargo, la amplia repercusión mediática de la matanza del pasado domingo ha puesto en alerta a todo el país. De momento, Blackwater ya ha perdido su licencia y el Gobierno de Nuri al Maliki ha anunciado que revisará todos los contratos con el resto de empresas, tanto locales como extranjeras.