“La UNR será la primera Universidad del país que se va a presentar ante la Justicia pidiendo que se investigue una causa por la violación a los Derechos Humanos”. Con esa definición, el rector Daría Maiorana explicó los alcances de la medida tomada este miércoles a la tarde por el caso del represor Jorge Walter Pérez Blanco, que recibió un pago de 30 mil pesos por haber prestado servicio en esa casa de altos estudios. Anuncio que por otro lado destrabó la toma de la sede ubicada en Maipú al 1000 que realizaron los estudiantes.
“La idea ahora es que se haga una investigación a fondo ya que la Universidad se presentará como querellante para que se condene a esta persona”, explicó Maiorana al móvil de Radio 2 de Gustavo Poles, quien calificó además la medida como “un cambio sustancial” en las políticas vinculadas a ese tema de la UNR.
La toma de un grupo de estudiantes, que se inició por la mañana fue levantada entonces pasadas las 17, era para pedir la renuncia del rector Maiorana por haber pagado 30 mil pesos a Pérez Blanco, un represor que se desempeñaba como ayudante de la cátedra de Medicina Legal durante la dictadura y hasta el 98, año en el que fue cesanteado por un juicio académico.
Diferencias por la toma
Esa medida fue calificada por Maiorana y su vice Eduardo Seminara como una nueva “actitud violenta” de un “sector minoritario de menos de 50 estudiantes (sobre un total de 74 mil) en el preciso momento que la UNR trabaja conjuntamente con distintos sectores sociales y agrupaciones defensoras de los Derechos Humanos en la creación de una Comisión que lleva adelante las medidas necesarias para que la Universidad se pueda constituir en querellante en las causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura ante los Tribunales Federales”.
Para las autoridades, "una vez más el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y su brazo estudiantil Alde resuelve actitudes violentas repudiadas por la comunidad, tomando la Universidad un día previo a la aprobación de la Comisión Permanente de la Memoria por parte del Consejo Superior y evitando el funcionamiento de las
instituciones elegidas democráticamente por todos los claustros universitarios”.
En ese sentido, pidieron apoyo de las organizaciones de derechos humanos a “la firme decisión política de avalar la participación activa de la Universidad como querellantes en las causas de violación a los derechos humanos”. Además, condenaron: “El sufrimiento de los familiares de las víctimas así como de los sobrevivientes de la dictadura no merece diluirse en lógicas mezquinas, en ventajas de grupos o en ambiciones electorales de algunas agrupaciones estudiantiles”.
Por su parte, Fernando Rey, uno de los consejeros estudiantiles, aseguró por la mañana: “Lo que hizo (Maiorana) es de una gravedad institucional impensada. Que se le haya pagado a un represor de espaladas a la Universidad, después mintió y ocultó información al decir que no lo había pagado y nos venimos a enterar por un diario local que sí le había pagado, mucho tiempo antes”. Anunció entonces que la toma de la sede se extendería hasta el jueves, cosa que finalmente no ocurrió.