Como los chicos en las épocas del Mundial, Diego “Colorado” Santilli viaja por las provincias juntando figuritas de los gobernadores. En menos de dos semanas al frente del Ministerio del Interior sumó nueve de los 24 mandatarios, en cumplimiento del mandato presidencial de arrimar posiciones con las provincias para sacar adelante en el Congreso las reformas laboral, fiscal, previsional y penal. En realidad, el álbum no tiene 24 casilleros por llenar, porque de antemano no hay intención alguna del oficialismo de conversar con opositores como Axel Kicillof.
Algunos de los gobernadores fueron a Casa Rosada y a otros Santilli los visitó en sus provincias. En todos los casos toma nota de las opiniones y demandas de los mandatarios. Por ahora son manifestaciones de buena voluntad que se refrendan con una buena foto.
El gobierno necesita de esas fotos para mostrar, hacia adentro y hacia afuera —en especial al gobierno de Estados Unidos— que hay una vuelta de página respecto de los dos primeros años de gestión.
¿Es sincero el cambio que pretende mostrar el gobierno? ¿Qué nivel de empoderamiento tiene Santilli? ¿Realmente tiene poder para negociar con las provincias o vino a cumplir el mismo papel que Guillermo Francos y Lisandro Catalán, que luego no podían cumplir la palabra empeñada?
La duda que asalta a gobernadores y al sistema político en general es justificada. Santilli es del PRO, y ya se sabe cómo procede este gobierno con quienes no son libertarios puros. Para completarla, le esquilmaron el ministerio el mismo día que lo nombraron: Seguridad se llevó Migraciones y el Registro Nacional de las Personas; y la Jefatura de Gabinete echó mano a la Secretaría de Ambiente, Turismo y Deportes.
La agenda de Santa Fe
Maximiliano Pullaro y Santilli hablaron prácticamente todos los días de la semana. Incluso el gobernador estuvo por actividades en Buenos Aires, pero no hubo foto. El Ejecutivo santafesino dice que la foto no es lo relevante sino construir una agenda de trabajo real con la Casa Rosada.
El ministro dejó trascender que esta semana podría venir a Santa Fe a verse personalmente con el gobernador. Y sumar otra foto a la colección, por supuesto. “Si viene lo vamos a recibir, como corresponde a un ministro nacional”, aclara un alto funcionario de la Casa Gris, para quien no pasa desapercibido el gesto de que Santilli “baje” a las provincias en lugar de citar a su despacho a los gobernadores.
Las conversaciones telefónicas tuvieron dos planos: intercambio de miradas sobre el país y las reformas que pretende Milei por un lado; por el otro, puntearon la agenda de temas que Pullaro quiere poner sobre la mesa.
Entre los apuntes que se llevó Santilli figuran:
— Presupuesto educativo, tanto universitario como el Fonid que Nación recortó directamente del bolsillo de los maestros y profesores.
— Futuro del contrato de seguridad pública entre Nación y provincia ante la salida de Patricia Bullrich del ministerio.
— Obras de infraestructura que Nación se comprometió a retomar y no lo hizo. Reactivaron la ampliación de las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario, pero no las rutas ni el acueducto San Javier–Tostado. Está pendiente el acueducto Gran Rosario, que Nación tomó a cambio de que la provincia hiciera de forma urgente la obra de la cascada del arroyo Saladillo.
— Medicamentos recortados durante 2024 y partidas alimentarias. “Nadie se va a quedar sin un plato de comida, pero tuvimos que aumentar las partidas 15 veces y se nos está haciendo muy duro”, dice una alta fuente del gobierno provincial.
— Deudas del Pacto Fiscal 2017 y previsional. La misma fuente explica: “Pullaro le está pidiendo una hoja de ruta, por lo menos. Que Nación empiece por reconocer la deuda, diseñar un esquema de pago, que no tiene que ser urgente, pero que nos dé alguna certeza. Aunque sea que muestren un gesto de buena voluntad pagando a cuenta con terrenos nacionales”.
Intereses cruzados
¿El avance de esa agenda condicionará la posición del oficialismo santafesino respecto de las reformas que quiere el gobierno nacional?, preguntó Rosario3. “Son dos carriles separados. A nosotros nos viene muy bien una modernización laboral si contempla los intereses de las pymes”, responde un funcionario que está al tanto de las conversaciones entre Pullaro y Santilli.
En cuanto a las demás reformas, con la del Código Penal y del Código Procesal Penal Federal no habrá mayores controversias, ya que el espíritu de la Casa Rosada coincide con los cambios que Unidos aprobó a principios de 2024 en la Legislatura.
La reforma previsional, que quedaría para el final, es la más controversial por las implicancias sociales y políticas que acarrea. Es muy difícil avanzar ahí sin dejar capital político en el camino.
Por último, respecto de la reforma fiscal, Pullaro sentó posición hace una semana desde Coronda, cuando reclamó que Nación baje las retenciones agropecuarias y el impuesto al cheque. Ninguno de esos tributos se coparticipa, por lo que sería a pérdida pura de la caja de Milei. A cambio, Santa Fe ofrecería bajar Ingresos Brutos progresivamente, lo que implica resignar recursos que, según los cálculos, se recuperarían vía la mayor actividad que se generaría por la quita de retenciones y del impuesto al cheque. La resignación de recursos por reducción de alícuotas o deducciones impositivas propias se compensaría.
De todos modos, falta mucho para eso y primero el gobierno debe aclarar qué tipo de reforma pretende, porque a principios de año hablaba de marchar a un esquema de IVA provincial, similar al que rige en Brasil y otros países.
Provincias Unidas
Provincias Unidas, el espacio que respaldan seis gobernadores, enfrenta tensiones para armar el bloque en la Cámara de Diputados tras una performance electoral que no fue la esperada. Desde si la presidencia la ejercerá Juan Schiaretti o Miguel Ángel Pichetto, hasta si será un bloque compacto y ordenado que responda a los gobernadores o un interbloque más abierto y numeroso para facilitar la presencia en comisiones.
A esto se sumó el conflicto en torno a la figura de la vicegobernadora de Santa Fe, que está en un lugar más que incómodo por su triple condición de diputada electa de Provincias Unidas, presidenta del PRO Santa Fe y vicegobernadora no convencida de dejar el cargo. Para Macri es un problema que la presidenta del PRO de Santa Fe esté en otro bloque. Y para Pullaro sería una derrota que la vice —y candidata por la que apostó muy fuerte— no vaya al bloque de Provincias Unidas, espacio del que es uno de los fundadores.
Scaglia no le pidió permiso a Macri para ser candidata, tal como se contó en su momento en esta columna. Le contó una vez tomada la decisión. Era otro momento del expresidente y de la naciente Provincias Unidas.
Ahora, tras algunas dudas pos elecciones por las presiones cruzadas, confirmó que estará en el bloque de Provincias Unidas. Hizo pública la decisión en el marco del Consejo Nacional del PRO que encabezó Macri y donde se buscaba cerrar filas tras las fugas a La Libertad Avanza.
No solo para eso. En un gesto que pretendió ser aleccionador, intervino el partido en Córdoba e hizo echar, escoltado de la reunión, al diputado nacional y presidente del partido en esa provincia, Agost Carreño. La razón es que diseñó una estrategia electoral propia (y perdió, obvio) y en el Congreso no es parte del bloque del PRO sino de Encuentro Federal.
¿Podría Macri tomar la misma represalia con Scaglia? La diferencia está en que Scaglia es una figura central del oficialismo santafesino, y el PRO es parte de esa alianza y del gobierno. Por algo Macri todavía no avanzó como en Córdoba.
Pullaro cree que los bloques del PRO y de Provincias Unidas tienen mucho por coordinar y coincidir, y que sería haber mandado a Scaglia al Congreso para que termine siendo una diputada más dentro de un bloque. Por eso gestiona personalmente que la galvense tenga el rol relevante que le prometió, tanto como vocera de la provincia o en un cargo institucional, ya sea como presidenta de un bloque, de una comisión o parte de las autoridades de la Cámara.
Baja tributaria selectiva
En el Ministerio de Economía que dirige Pablo Olivares le están dando las puntadas finales a la ley tributaria. Complementaria del Presupuesto, que ya fue ingresado por Diputados, ingresará por el Senado. Y trae novedades.
Mantendrá los esquemas actuales de actualización del impuesto inmobiliario (rural por precios mayoristas agropecuarios y urbano por promedio ponderado de Ripte e IPC) y de Patente Automotor (depende de la valuación del vehículo).
Las novedades vienen por el lado de Ingresos Brutos, aunque no de forma directa. Es decir, no habrá baja de alícuotas para tal o cual sector, porque la idea del Ministerio de Economía es que el esfuerzo fiscal vaya en beneficio exclusivo de contribuyentes radicados en Santa Fe y no a los de afuera que venden en la provincia.
La búsqueda de herramientas impositivas que permitan esa discriminación viene de largo tiempo. Provincias y municipios de todo el país durante años avanzaron con alícuotas diferenciadas entre propios y foráneos, pero la Justicia ya dijo que es una medida inconstitucional porque equivale a poner aduanas interiores. El fallo de la Corte Suprema a favor de la firma Bayer fue el primero de muchos.
Ante la disyuntiva de cómo bajar carga tributaria sin favorecer a todos por igual, y cerrada la posibilidad de discriminar por vía de la alícuota, el equipo económico santafesino optó por profundizar un esquema de beneficios indirectos que ya se viene aplicando en sectores específicos. Consiste en dar promociones o beneficios fiscales (desgravar, eximir o deducir de otros tributos) a los contribuyentes que producen dentro del territorio provincial.
Corrupción desembozada
El fallo de condena a 9 años de cárcel efectiva al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y las audiencias imputativas que se suceden desde finales de 2024 en los tribunales federales de Rosario en el marco de la causa abierta por extorsión al exjuez federal Marcelo Bailaque y el financista Fernando Whpei ponen luz sobre un escándalo que entrelaza a funcionarios públicos y al sector privado.
Los detalles que se leen en el fallo Serjal y los que se escuchan en el caso Bailaque conforman un efluente escándalo destapado por fiscales provinciales y federales que chorrea en distintas direcciones.
¿Hasta dónde va a llegar esto?, era la pregunta recurrente al final de la semana en los círculos judiciales, políticos y empresarios. Más aún cuando trascendió que fiscalía hizo demorar, a su llegada a Ezeiza, al dueño de una constructora de primera línea para extraer el contenido de dos celulares. Sobre la constructora había una causa penal tributaria que tramitaba el juzgado de Bailaque. La fiscalía descubrió que esa causa fue cerrada y un lote en un barrio cerrado que era propiedad de la constructora fue transferido a la esposa del juez.
Un buen ejercicio para tomar dimensión de lo que está pasando es sintetizar los alcances de estos procesos juntos:
— El ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal acaba de ser condenado a 9 años y llevado a prisión en el mismo momento.
— El exjuez federal en lo penal Marcelo Bailaque está con prisión domiciliaria, acusado de extorsión y otros delitos graves.
— El juez federal de Rosario civil, comercial y contencioso administrativo Marcelo Salmain fue citado a indagatoria para dentro de diez días por el juez Carlos Vera Barros en la causa por favorecer a un fondo fiduciario denominado Attila, que dirigía el financista Fernando Whpei. Tiene al menos dos investigaciones en curso y en dos oportunidades lo allanaron y le secuestraron los celulares. Aunque sigue ejerciendo como juez, tiene pendiente un pedido de detención de fiscalía que el juez resolverá más adelante.
— El exjefe de las regionales Rosario y Santa Fe de AFIP, Carlos Vaudagna, está sometido a proceso por extorsiones y otros delitos graves. No está preso como Bailaque y Whpei por su condición de imputado colaborador.
— El escribano y operador judicial en las sombras, probablemente vinculado a los servicios de inteligencia, Santiago Busaniche, será indagado junto con el juez Salmain. La semana pasada fue imputado por prevaricato, allanamiento ilegal y falsedad ideológica. Aparece en la investigación sobre Bailaque organizando maniobras ilegales y dando indicaciones a un juez federal y a un jefe regional de AFIP. En los chats aduce “presiones insoportables desde más arriba” para que se lleven adelante sus pedidos. ¿Quién está más arriba de él?
— El financista Fernando Whpei, uno de los más conocidos de la ciudad por sus vínculos con la política y el Poder Judicial, está en prisión preventiva, acusado de extorsión junto con Bailaque, y será indagado en diez días junto con el juez Salmain y el escribano Busaniche.
Los hechos probados que condenaron a Serjal ocurrieron entre 2017 y 2020; y los de la causa Bailaque van desde 2014 hasta 2024. En esas cosas andaba parte de la Justicia federal (y la otra miraba para otro lado) mientras la sociedad vivía aterrada y esquivaba muertos en las calles. Fueron los peores años en Santa Fe, y particularmente en Rosario, en materia de crímenes y violencia narcocriminal derivada de la disputa territorial por la venta de drogas, que en ese entonces era competencia exclusiva del fuero federal.
Aunque se haya dicho muchas veces, no hay que olvidar que la Justicia federal de Rosario tiene el triste récord de procesar a las bandas dedicadas a la comercialización de droga recién después de que los investigaba y apresaba la Justicia provincial por delitos conexos. Y eso que el andamiaje de persecución penal en Santa Fe tenía serios problemas también. “La Justicia federal no existía. Los jueces federales que teníamos en Santa Fe no investigaban nada. Eran cómplices", dijo esta semana el exgobernador Antonio Bonfatti (2011–2015).
Hasta aquí el vaso medio vacío. El medio lleno pasa por la validación de la labor de las fiscalías. La contundencia del fallo de 214 páginas del tribunal integrado por Hebe Marcogliese, Nicolás Foppiani y Facundo Rodrigo pone en valor la investigación que llevó adelante la disuelta Agencia de Criminalidad Organizada del MPA, que dirigió el fiscal Luis Schiappa Pietra.
Otro tanto está ocurriendo en la Justicia federal, donde persisten resistencias al cambio, pero ya no es la misma de hace un par de años. El trabajo integrado de diferentes unidades fiscales generó medidas y pruebas sólidas, y es un giro copernicano: en el banquillo donde antes sólo pasaban perejiles ahora se sientan nombres como Bailaque, Vaudagna, Busaniche o Whpei.