Una semana después de la más mortífera operación policial de la historia reciente de Brasil, las consecuencias humanas y políticas siguen abiertas. Los hechos exponen un Estado descoordinado, una política reactiva y la necesidad de pensar la seguridad desde la evidencia.
El 28 de octubre, una nueva operación policial en Río de Janeiro dejó más de 120 personas muertas en los complejos de Penha y Alemao. Las operaciones policiales a gran escala se han vuelto rutina en Brasil. Algunos sectores incluso afirman que son la única política de seguridad sostenida. Se despliega un gran número de agentes policiales fuertemente armados, en vehículos blindados, en barrios signados por el control territorial de diferentes organizaciones armadas. Sin embargo, su impacto real en los índices de criminalidad no aparece reflejado en los datos.
Durante una reciente estancia en Brasil, pude observar el trabajo del Grupo de Estudios en Nuevos Ilegalismos (GENI) de la Universidad Federal Fluminense, que investiga el accionar de organizaciones armadas en el Gran Río de Janeiro. Sus coordinadores, Daniel Hirata y Carolina Grillo, estudian desde hace años cómo el Comando Vermelho –y otras facciones como Amigos dos Amigos, Terceiro Comando Puro y las milicias– se ha convertido en un actor central del tráfico carioca, ampliando su alcance en las rutas internacionales de cocaína, especialmente hacia Europa.
El Comando Vermelho tiene una historia que se remonta a los años 70, cuando nació en las cárceles brasileñas. Lo que comenzó como un movimiento de reclamo por los derechos de los presos contra la tortura se transformó en una sociedad de “donos do morro”, como señalan Hirata y Grillo. Una organización criminal que domina territorios: controla no solo el tráfico de estupefacientes, sino también el monopolio de las telecomunicaciones, el negocio de la protección, el llamado “jogo do bicho”, entre otros mercados ilegales y legales. Impone normas de convivencia y regula la circulación de bienes y personas. Su poder no reside solo en las armas, sino en la capacidad de gestionar los territorios. Actualmente su actuación se expande en aproximadamente 20 estados de Brasil, con terminales también en otros países.
Frente a esto, el Estado brasileño se muestra descoordinado y fragmentado. Las fuerzas policiales, los gobiernos estaduales y federal, y el sistema judicial operan sin intercambiar efectivamente información. Esa ausencia de controles democráticos y de inteligencia conjunta explica la persistencia de los enfrentamientos crónicos, interrumpidos cada tanto por episodios de violencia aguda como este.
Estas operaciones carecen de proporcionalidad y de transparencia en el uso de la fuerza. La lógica debería ser investigar y perseguir para juzgar a los delincuentes, no afectar arbitrariamente territorios enteros. La fiabilidad de la información que produce el Estado es hoy una de las condiciones esenciales para recuperar legitimidad, sobre todo en los barrios favelados de Brasil.
Los datos más recientes del Instituto Fogo Cruzado reflejan un contexto alarmante: entre enero y septiembre de 2025 se registraron al menos 1.863 tiroteos (o balaceras), de los cuales 742 ocurrieron durante acciones policiales. Aunque los tiroteos totales disminuyeron un 5 % respecto al mismo período de 2024, los enfrentamientos policiales aumentaron un 5 % y las muertes subieron un 9 %. Menos tiroteos, más letalidad: una ecuación que evidencia una política de seguridad más reactiva que inteligente con una responsabilidad del Estado altísima en las muertes.
Cada operación policial paraliza la vida cotidiana de miles de personas. Las escuelas y los centros de salud cierran, los colectivos suspenden sus recorridos, las familias quedan encerradas sin poder salir a trabajar. La noción de rutina es sumamente frágil: cualquier día puede transformarse en zona de guerra. No solo caen los cuerpos, también los derechos, la educación y la posibilidad de vivir una vida “normal”.
Pese a las consecuencias de estas operaciones, según encuestas recientes una parte mayoritaria de los moradores aprueba las incursiones policiales. No lo hacen por desconocer la violencia, sino porque conviven con ella a diario: entre el dominio de las facciones y las milicias, la violencia del Estado aparece como el único gesto visible de autoridad.
Esa paradoja explica por qué la demanda de “orden” persiste incluso entre quienes más sufren sus efectos.
A este escenario se suma una gran desconexión entre el Ministerio Público y las fuerzas policiales. Los esclarecimientos sobre muertes en operaciones suelen quedar estancadas o bajo control de las mismas instituciones involucradas, sin mecanismos externos de fiscalización. De las primeras 60 personas fallecidas e identificadas, cuatro eran agentes policiales y había sujetos con y sin antecedentes penales. Pero ninguno estaba relacionado directamente con las investigaciones previas del Ministerio Público, lo que refleja el nivel de descoordinación general. En este contexto, la Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Segurança Pública, actualmente en debate, busca integrar y coordinar los estamentos estaduales con los federales, fortaleciendo la articulación entre inteligencia, investigación y justicia.
La construcción del derecho a la seguridad ciudadana no puede depender de un debate polarizado: debe convertirse en una agenda de acuerdo nacional. Integrar inteligencia criminal, justicia e investigación en un sistema articulado es una tarea que exige consensos políticos y voluntad institucional.
Pero revertir este ciclo requiere políticas públicas de seguridad basadas en evidencia, sostenidas en diagnósticos rigurosos y evaluaciones constantes. Solo así la seguridad dejará de ser una reacción y podrá consolidarse como un derecho garantizado por un Estado capaz, inteligente, articulado y a la altura de los desafíos de hoy.
(*) La autora es abogada, fue becaria por CAPES en el Posgrado en Sociología y Derecho de la Universidad Federal Fluminense. Actualmente cursa la Maestría en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes y la especialización en Derecho Penal en la universidad Torcuato Di Tella.