Si el gobierno de Maximiliano Pullaro se caracterizó en los primeros dos años por la ejecución de reformas legales y operativas en seguridad, en contratación del Estado, del sistema previsional, del Poder Judicial, renovación de la Corte Suprema, ahorro económico y reforma de la Constitución, para los últimos dos intentará combinar la misma efectividad política con un semblante narrativo menos severo, acompañado de la amplificación de vocerías que pongan en valor áreas de gestión que Unidos considera que no fueron capitalizados electoralmente y que van más allá de Seguridad y ordenamiento del Estado.
Los voceros de perfil más duro cederán protagonismo a otros y otras colegas de gabinete que en la primera etapa de reformas de fondo estuvieron en segundo plano y contenidos en su área de incumbencia.
“Próximamente van a escuchar más a Lisandro Enrico (Obras Públicas), Gustavo Puccini (Producción), Silvia Ciancio (Salud), Roal Báscolo (Trabajo), entre otros”, explica una fuente de la Casa Gris que está en las definiciones. El plan incluye secretarías de Estado y de ministerios. Pone el ejemplo de Educación, donde hay tres secretarias que secundan al ministro José Goity. El gobierno está convencido que la resistencia gremial al programa Asistencia Perfecta y la discusión salarial opacan logros de la gestión que no son debidamente puestos en valor.
Como se contó la semana pasada, el gobernador no tiene en carpeta cambios de rumbo o de funcionarios. Sí le presta atención a las voces que desde el interior de Unidos advierten sobre la necesidad de mayor cercanía con las necesidades territoriales, en especial en los grandes centros urbanos, y de hablarle a los que “están haciendo bien las cosas”.
“Estuvimos muy centrados en el discurso de ordenamiento del Estado que nos pedía el resto de la sociedad, y ahora es momento de valorar más a aquellos que hacen las cosas bien y hacen su laburo día a día”, dijo esta semana el senador de la UCR Esteban Motta.
Lo que queda de 2025
Asado de por medio, los principales referentes de Unidos departieron el miércoles sobre el presente y el futuro. La principal coincidencia sobre el presente fue que, después de un año con tres elecciones y una reforma constitucional, se impone reencausar los esfuerzos sobre la gestión y dejar la agenda de temas políticos para 2026.
La primera consecuencia de esa decisión es la postergación para el año próximo de la ley electoral que manda hacer la nueva Constitución.
Una ley electoral pone innumerables aristas en juego y condiciona la vida de los partidos políticos, los liderazgos y la competitividad. Se discute desde cómo se seleccionan los candidatos, pasando por el sistema de votación, hasta cómo se cuentan los votos, pero dentro del encuadre que define el nuevo marco constitucional. Por ejemplo: el artículo 56 de la nueva Carta Magna explicita que el voto, además de universal y secreto, es intransferible. Palabra ésta última introducida explícitamente para clausurar cualquier intento por revivir la ley de lemas.
Las leyes electorales son una herramienta institucional imprescindible, más cuando surgen de un mandato constitucional y no de una necesidad coyuntural del oficialismo de turno. Pero es de esas reformas que si no son bien presentadas y explicadas, la sociedad las percibe ajenas, alejadas de su interés. Y ya hubo mucho de eso este año con tres elecciones y la constituyente.
Distinto es el caso de la ley orgánica de municipalidades, también exigida por la nueva Constitución. A diferencia de la ley electoral y otras para las que se previeron hasta dos años para su sanción, en este caso el plazo fijado por los constituyentes fue más corto, de doce meses (ya pasaron dos). Por eso el Ejecutivo y el Legislativo trabajan en un texto que verá la luz en las próximas semanas. La apuesta de Unidos es aprobarla, o al menos darle media sanción, antes de fin de año al igual que el Presupuesto 2026 y la ley tributaria.
El futuro de Scaglia
Dos hechos de trascendencia institucional sucedieron en la semana que termina. El primero involucró a la vicegobernadora Gisela Scaglia a partir de que en una entrevista con la periodista Ivana Fux deslizó la posibilidad de no asumir la banca de diputada nacional para continuar como vicegobernadora. Sin embargo el resto de los partidos de Unidos clausuró de inmediato esa puerta. El gobernador hizo lo propio: “Fue una mala interpretación”.
La presidenta del PRO Santa Fe asumirá la banca en el Congreso el 10 de diciembre y desde hace unos días trabaja en el armado del bloque de Provincias Unidas y los temas que deberán tratar.
Una cosa era llegar al Congreso como la referente santafesina de un bloque de Provincias Unidas respaldado por el 10% del voto nacional y otra con el 7% y derrotada en cinco de las seis provincias de los gobernadores que le dieron vida. En ese contexto, es incierta la composición, número y perfil que tendrá ese bloque en el Congreso. Seguramente algo de eso hablaron Pullaro, el cordobés Llaryora, el jujeño Sadir y el chubutense Torres durante el encuentro del viernes a última hora en la Casa de Santa Fe en Buenos Aires.
Desde el gobierno sostienen que Scaglia tendrá un papel relevante en el Congreso como referente de los intereses de Santa Fe. Creen que su doble condición de exvicegobernadora y presidenta del PRO provincial oficiará como un faro en medio de la diáspora partidaria, en especial para los legisladores amarillos que se niegan a migrar a La Libertad Avanza porque saben que no hay futuro para ellos ahí, como le pasó a otros que pidieron el pase con anterioridad y al propio Mauricio Macri. Incluso a la jugadísima Patricia Bullrich, a la que no permitieron participar del armado de listas.
La renuncia de Spuler
El segundo hecho de trascendencia institucional sucedió en las primeras horas de la tarde del martes, cuando la Corte Suprema de Justicia provincial cerraba su reunión semanal de acuerdos. El ministro Eduardo Spuler se puso de pie y anunció su renuncia al cargo a partir de septiembre de 2026.
La noticia sorprendió a la mayoría de los ministros, sino a todos, que se enteraron en ese momento de la renuncia y de que antes que ellos se lo había informado al gobernador Maximiliano Pullaro en una reunión mano a mano.
El alejamiento de Spuler, que tiene 82 años, era una posibilidad que se barajaba hace tiempo, pero no se sabía cuándo sucedería. Llegado al cargo hace un cuarto de siglo, fue el cortesano de perfil más bajo de aquella mayoría que modeló el exgobernador Carlos Reutemann.
Por eso no dejaron de llamar la atención el momento, los plazos y el procedimiento de la renuncia. Conllevan un gesto de autonomía personal atípico en relación al esquema en el que funcionó dentro de la Corte todos estos años.
Tampoco es usual comunicar una renuncia con una anticipación de diez meses. Y de hecho, tanto en el Poder Judicial como en la política, la fecha elegida generó suspicacias de todo tipo. Pero la Casa Gris no puso reparos. El gobierno definió 2026 como plazo máximo para la renovación de la Corte.
Para los nombres de reemplazo falta mucho, pero Pullaro tiene definido el esquema de designaciones. Un nombre surgirá de la política, otro de los colegios profesionales y otro del Poder Judicial. Apenas si varía de los primeros tres nombramientos, más allá del espacio político que los propuso: Weder de la política, Jorge Baclini del Poder Judicial y Margarita Zabalza de los estamentos académicos.