“Yo quiero dejar un legado de paz y orden”, dice Maximiliano Pullaro sobre las intenciones que persigue el paquete de leyes que acaba de enviar a la Legislatura, compuesto por once proyectos que le dan otra vuelta de rosca a la reforma en materia de seguridad aprobada en el verano de 2024, apenas iniciada la gestión. Si hubiera que sintetizarlos en pocas palabras, se diría que les dan más poder al Ministerio Público de la Acusación (fiscalías), a la Policía y al Estado en general.
Ya entrado en el tercer año de gobierno y a doce meses —o menos— de las elecciones que plebiscitarán su gestión, Pullaro le pide a la Legislatura una nueva batería de instrumentos normativos que considera necesarios para combatir el delito y el crimen organizado.
Qué dice el paquete de leyes
Declaración informativa e interrogatorio policial. Habilita que la Fiscalía pueda tomar declaración informativa antes de imputar un delito. También la Policía podría interrogar sospechosos. En todos los casos, la presencia del defensor deja de ser un requisito de validez de esos interrogatorios.
Juicio en rebeldía. Si el imputado se fugó o no se presentó a pesar de haber sido notificado, el juicio sigue y puede dictarse sentencia. Ya existe en otros países y, a nivel nacional, está previsto para causas por terrorismo.
Validación probatoria. Prevé casos en los que la prueba puede ser usada aunque se haya violado alguna garantía al obtenerla. Sería para situaciones especiales en las que se demuestre que la autoridad actuó de buena fe o que había un estado de necesidad, entre otras. En el gobierno afirman que son casos que se han dado en la práctica judicial, pero no están regulados expresamente.
Allanamiento automático. Serviría para casos en los que se comprueba la tenencia de armas de fuego en la vía pública. Permitiría el allanamiento sin orden de juez o fiscal ante la sospecha de que la persona pueda tener más elementos en su domicilio. La reforma de 2024 ya había habilitado a los fiscales a ordenar allanamientos sin orden de juez. Esta herramienta también fue pensada en función del sistema Lince, porque se aplicaría no solo si hay secuestro concreto de un arma, sino también cuando hubiera detección del riesgo “por otros medios” —por ejemplo, el sistema Lince, aunque también podría ser el sistema de videovigilancia de cualquier municipalidad o de un privado—.
Derribo por orden fiscal. El derribo de bunkers de venta de drogas podría ser ordenado por el fiscal cuando el inmueble estuviese abandonado o intrusado, hubiera peligro de derrumbe o daño, o si no hubiera oposición del poseedor. Busca reducir la cantidad de audiencias judiciales que implica llegar a esa instancia y evita que el derribo se retrase por una discusión sobre la competencia provincial que suelen plantear los defensores.
Medidas coercitivas por decreto fiscal. Las medidas no privativas de libertad —incluso tobillera— podrían ser decretadas por el fiscal si hay conformidad del imputado. Si no la hubiera, interviene el juez.
Procedimiento por decreto penal. La posibilidad de un juicio exprés es una de las propuestas más destacadas por el Ejecutivo. Se trata de un proceso similar a lo que ocurre con las multas de tránsito y se aplicaría solo para penas leves —sin prisión efectiva, incluidas contravenciones—. Si la prueba fuera contundente, el fiscal puede solicitar al juez un decreto penal. La persona condenada tiene un plazo de 10 días para formular oposición y cuenta con una audiencia breve para defenderse.
Régimen agravado para internos que ordenan delitos desde la cárcel. Es una evolución del régimen de alto perfil, pensada específicamente para internos que siguen delinquiendo desde la cárcel. Implica aislamiento pleno, suspensión total de visitas y comunicaciones —solo contacto epistolar supervisado— y retiro de elementos de ocio.
Fortalecimiento de las actividades de inteligencia. Se amplían las actividades de inteligencia reguladas, incluyéndose el espionaje digital y electrónico, y el clonado de dispositivos y cuentas. Se piensa con fines que van desde organizaciones narcocriminales hasta casos como el del adolescente que disparó en el colegio de San Cristóbal.
Ampliación del programa de recompensas. Se prevé la posibilidad de ofrecer y pagar recompensas aunque no haya una investigación concreta, por ejemplo para programas de desarme o para obtener información relevante para la prevención de un delito.
Zona de intervención policial especial. Está inspirada en las zonas especiales de investigación que contempla la “ley antimafia” de la Nación. Las habilita ante un aumento sostenido de indicadores de criminalidad en un área determinada. En esa zona, la Policía tendría facultades para establecer controles de acceso; limitaciones horarias a la circulación y el tránsito; prohibiciones de consumo de alcohol; demorar personas hasta 24 horas; requerir allanamientos generales e interrogar sospechosos.
El más duro de los duros
El diagnóstico del gobierno es que las organizaciones criminales, en particular las vinculadas al narcomenudeo, están contenidas, pero el problema no está resuelto. Bajo la idea de que “la provincia está bajo un nuevo paradigma en materia de seguridad”, promueve un paquete de leyes que juega al fleje y tensiona el andamiaje legal y constitucional.
Reaviva viejos debates sobre cuáles son los métodos tolerables para combatir el delito en un Estado de derecho, cuáles son los límites del Estado para cumplir con ese objetivo, cuáles son los límites de la privacidad y cómo se calibra la potencial contradicción entre el interés común —en este caso, la seguridad— y los derechos y garantías individuales.
Apenas ingresado el paquete a la Legislatura, circularon voces críticas que consideran que algunas de esas leyes implican un retroceso, y otros auguran una gran cantidad de planteos de inconstitucionalidad. El debate legislativo se desenvolverá por esos carriles y seguramente se sumarán voces de los estamentos judiciales y académicos, entre otros.
El paquete de leyes entró por la Cámara de Diputados, lo que preanuncia un debate político diverso y amplificado. La opinión del socialismo en esa cámara tiene peso y es esperable que, puertas adentro y afuera del interbloque, quiera introducir cambios o atenuar algunas de las facultades que se proponen.
También las oposiciones se meterán en la discusión, por derecha, por izquierda y por el centro. Al gobierno de Pullaro no le incomoda la conversación pública en torno a su principal política pública. Al contrario, se siente cómodo, en línea con el clima de época, y tiene resultados para mostrar.
La seguridad es la carta fuerte con la que juega Pullaro y nadie, hasta ahora, lo primereó o le ganó la iniciativa. La excepción vino por el lado que menos esperaba el gobierno: la protesta policial en reclamo por mejores condiciones de trabajo y salariales. En ese sentido, el paquete de leyes devuelve al gobierno al centro del ring después de aquel febrero aciago y reafirma al gobernador como el más “duro de los duros” en la lucha contra la inseguridad, las organizaciones criminales y los presos que delinquen.
Ante esa definición política, el trabajo de la Legislatura será traducir los puntos de mayor controversia en normas cuidadosas de las garantías constitucionales —que va de suyo—, pero también sopesar los riesgos que se advierten cuando se redistribuye poder y se empodera a determinados actores del dispositivo de seguridad y judicial, en especial la Policía.
Una película de jueces
En paralelo, el Poder Ejecutivo metió en la Legislatura un proyecto que reorganiza el trabajo en la Justicia penal. Suena muy técnico, pero es una reforma profunda con múltiples objetivos. Entre ellos, optimizar los recursos humanos del fuero, igualar la carga distributiva de los jueces en toda la provincia y resolver el atolladero de juicios pendientes que hay en Rosario.
Esta última situación es muy relevante para la integralidad del plan de seguridad, que tiene una de sus patas más importantes en la Justicia. En Rosario hay 650 juicios en espera y, si no se actúa con premura, en poco tiempo habrá presos en condiciones de exigir su libertad tras cumplir el plazo máximo de tres años sin condena.
El proyecto tiene como base la propuesta de la Corte Suprema. En términos políticos, el oficialismo está alineado para darle luz verde. ¿Qué dice? Unifica los colegios de jueces de las cinco circunscripciones. De aprobarse, los magistrados van a ser parte de un mismo colegio con jurisdicción en toda la provincia, sin importar dónde tienen asiento territorial. Es decir que un juez de Reconquista podrá atender audiencias de Rosario o Venado Tuerto y viceversa, en forma virtual —se prevé mantener la especialización de los jueces en materia penal juvenil y de ejecución y control carcelario—. Los cambios van de la mano de la próxima universalización de la plataforma Alberdi, el sistema informático de gestión del fuero penal que está haciendo una experiencia piloto positiva en San Lorenzo.
La reforma equilibra la carga laboral entre los magistrados penales de la provincia y corrige lo que ocurre en la actualidad, en la que los jueces de primera y segunda instancia de Rosario tienen el triple de audiencias que los de las otras jurisdicciones por el mismo sueldo. “Rosario está detonado, mientras que en otros lugares la carga de trabajo es mucho más baja. Los camaristas de acá atienden audiencias a las 8 de la mañana, a veces 7.30. No vas a encontrar eso en otras jurisdicciones. Por eso las resistencias”, sinceró una fuente judicial.
La reforma conlleva un cambio en la cultura de trabajo y en la administración de los tiempos. Los jueces de Santa Fe, Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela prefieren no ocuparse de Rosario. No solo es mayor el volumen de trabajo —fuentes judiciales indican que la relación es de 1 a 3—, sino también la conflictividad. Los casos son más complejos, con audiencias que pueden demandar varios días y resoluciones sobre organizaciones que pueden tener decenas de imputados.
Armar un colegio único de jueces para toda la provincia implica hacer lo propio con las Oficinas de Gestión Judicial, que son las que administran y organizan el sistema: desde el cronograma y asignación de audiencias hasta la disposición de salas y los operadores digitales. Cómo se diseñará esa ingeniería es motivo de dudas a despejar entre los operadores judiciales, que de antemano piden que se los tenga en cuenta en el diseño técnico de esas estructuras.
Inicialmente, la Corte propuso una única OGJ provincial que se ocupe tanto del colegio de jueces de primera como de segunda instancia. El proyecto que envió el Ejecutivo mantiene la división, con una OGJ para cada nivel.
Lo central es la decisión política del Ejecutivo y la Corte de impulsar una segunda generación de reforma orgánica tras la puesta en marcha del Código Procesal Penal en 2014. Aquellos cambios, el incremento de procesos judiciales, de población carcelaria y pautas más estrictas en el impulso de la acción penal por parte del MPA derivaron en un desequilibrio entre Rosario y el resto de la provincia que, por momentos, hace parecer que Santa Fe tiene distintas justicias. No solo en relación con la carga de trabajo, sino también con los criterios que aplican sus jueces y fiscales, lo que determina que, en no pocas ocasiones, la vara sea más alta en algunos lugares que en otros.