Si los conflictos policiales son temerarios porque su desarrollo es imprevisible y ponen en juego la seguridad pública, el componente novedoso que tuvo el de Santa Fe es su génesis en las fuerzas operativas de calle de Rosario y en menor medida de la capital provincial.
Ese universo acotado lo diferencia de protestas como las de 2005 en el gobierno de Jorge Obeid y 2013 de Antonio Bonfatti. En esas ocasiones el “apagón” policial alcanzó a gran parte de la fuerza sino toda.
En este caso el reclamo se concentró en las áreas operativas, uno de los pilares del modelo de seguridad del gobernador Pullaro. Mucho personal en calle y con objetivos a cumplir a rajatabla. Los resultados se vieron: drástica caída de homicidios los dos últimos años y el enero menos violento en mucho tiempo. Las consecuencias también: una tropa desgastada e inorgánica se paró en el frente de Jefatura a pesar del riesgo de sanciones disciplinarias y hasta penales.
Amén que se sumaron retirados y familiares, la mayoría eran uniformados jóvenes atrapados en una realidad ineludible: el trabajo de policía exige desplazarse o mudarse, no es un empleo público común y corriente. La razón es que trabajan para una fuerza que demanda una movilización estructural, porque las tensiones de seguridad se concentran en el centro-sur de la provincia y la mayoría de los integrantes de la fuerza se reclutan en el norte.
Por eso el eje del reclamo fue el régimen de 12x36 (12 horas de trabajo por 36 de descanso) que en la práctica, teniendo en cuenta las distancias a recorrer para volver a sus lugares de origen, se transformaba en un 24x24. El gobierno definió como negociable el reparto de las horas en la semana, pero no el total de 48, porque entiende que es la clave para garantizar la seguridad pública.
El conflicto se destrabó con dinero. “Si no podés cambiar las condiciones operativas, por ejemplo volver al régimen de 24x72, porque si lo hacés se compromete el servicio de seguridad y de nuevo no tenés suficiente policías que se suban a los patrulleros, entonces lo resolvés monetariamente”, explica un miembro del gabinete provincial. Con el diferencial económico, el agente puede pensar en alquilar a medias o alternar visitas de seres queridos con los viajes propios.
Si bien a ningún gobierno le gusta que le arranquen recursos en un conflicto, la focalización de la protesta le permitió inyectar la mejora salarial por funcionalidad, es decir en el personal que está en tareas operativas de calle.
El conflicto cerró con la garantía de que ningún policía ni penitenciario cobrará menos del valor de la Canasta Básica Total de una familia tipo. Según el gobierno, es un número bajo de policías en esa condición, por eso lo pudo otorgar pensando en levantar a la parte más baja de la pirámide. Ese mismo esquema estará en la oferta salarial a los gremios estatales, aunque con otros pisos.
El conflicto policial no sólo sacudió y tomó por sorpresa a la Casa Gris. También tuvo en vilo a las autoridades nacionales. La ministra de Seguridad Monteoliva y su jefa política, Patricia Bullrich, detectaron el riesgo de efecto contagio. Los sueldos de Santa Fe pueden ser bajos, pero el que cobran las fuerzas federales son bastante peores y en otras provincias no son diferentes. La actitud de ambas fue colaborativa con el gobierno de Santa Fe e intentó ser disuasiva hacia a los policías.
En eso estaba Patricia Bullrich en una entrevista en LN+ cuando le mostraron el tuit de Romina Diez, de fuerte tono político contra el gobernador en el pico del conflicto policial. Bullrich debió hacer malabares para superar el momento sin contradecir lo que hacía dos minutos había dicho. Karina Milei es el límite de la autoridad de la jefa de los senadores oficialistas.
Hubo más repercusiones fuera de Santa Fe. Enterados de que Pullaro iba a anunciar que ningún policía cobraría por debajo de la Canasta Básica, tres gobernadores (al menos uno de ellos de una de las provincias grandes) le pidieron que no lo hiciera. El santafesino llevaba varios días de conflicto y lo único que quería es que todo volviera a la normalidad. Sólo faltaba su palabra para que se desaloje la puerta de Jefatura. No estaba para ocuparse de los problemas de caja de otras provincias.
El hecho de que no bastara la palabra de los ministros de Economía Pablo Olivares y de Seguridad Pablo Cococcioni para que se levante la protesta generó suspicacias en el gobierno de Pullaro. El frente de Jefatura recién se desalojó cuando a media tarde el gobernador reiteró los anuncios que estaban acordados desde la madrugada. Por algún motivo esa mañana la Jefatura volvió a llenarse de patrulleros y comenzó a circular por redes la versión de la renuncia del ministro. En el gobierno sospechan que alguien operó con intención de cargarse al ministro a pesar de que la salida del conflicto ya había sido acordada. Por eso Pullaro hizo su conferencia flanqueado por Cococcioni y el jefe de Policía Maldonado. Faltó el jefe de policía de Rosario, porque ya llevaba 24 horas fuera del cargo.
Puertas adentro de Unidos también hubo repercusiones. Sectores del oficialismo, como los senadores y partidos aliados de la UCR, desde el año pasado transmiten su preocupación por el vínculo con docentes, policías, porteros, agentes de salud y empleados de la EPE. El tema se habló y se habla, sin ignorar el contexto.
La economía nacional no se reactivó ni da señales de que vaya a hacerlo, la coparticipación cayó y la recaudación propia de provincias y municipios también. Las intendencias, último orejón del tarro, están absorbiendo el costo del ajuste nacional.
La paritaria de estatales partió con dos variables certeras: el compromiso del gobierno de reponer el diferencial de 2025 y el índice del número de inflación de enero. Los técnicos de la Casa Gris creen que este año hay una mayor previsibilidad inflacionaria que en 2025: no va a ser el cero que pregona el gobierno, pero estará en el orden del 2 a 2,5%, lo que animaría a hacer un acuerdo semestral.
Como ocurrió con la Policía la primera definición de la política salarial de este año pasa por priorizar los sueldos de la base de la pirámide. Esos son los más castigados y en el que menos impactan los aumentos por inflación. Otro aspecto a tener en cuenta es que en septiembre vence la emergencia previsional. El Ejecutivo deberá definir si la renueva o no.
Una pregunta sobrevuela la paritaria de estatales tras el conflicto policial. ¿Los gremios mantendrán su propia dinámica o pretenderán acoplarse a la salida del conflicto policial? En el gobierno sostienen que no se alteró esa dinámica en cuanto a lo que se puede plantear. Que registraron que lo de la Policía se trató de una crisis con implicancias que van más allá de una discusión salarial y que el gobierno “la sacó en la raya”.
Distinto es el caso de los sindicatos docentes, que por lo bajo dan por hecho medidas de fuerza en el inicio del año lectivo. Amsafé arrancó pidiendo una recomposición de 33%. Si esa es la vara, cualquier cifra que se ofrezca será insuficiente. ¿Por qué va por un porcentaje imposible? Quizás porque la paritaria docente se convirtió en una puesta en escena con guión escrito de antemano, en el que cada parte tiene definido cómo va a entrar y cómo va a salir.
El gobierno elige conversar y acordar la política salarial con gremios como ATE y UPCN principalmente. Amsafé y Sadop dan por descontado que cuando el gobierno consiga un acuerdo con esos sindicatos impondrá el aumento por decreto. ¿Para qué desgastarse entonces en negociar aumentos que nunca van a conformar a las bases y que a la hora de defenderlos en asamblea desgastan a la dirigencia, con el riesgo de que otros sectores de la vida política gremial o incluso sectores inorgánicos desgasten al oficialismo y ganen terreno?
La reforma laboral avanza
La reforma laboral salió del Senado como por un tubo. El triunfo político de la Casa Rosada tiene distintas fuentes de alimentación. Por un lado el contexto: hace tres meses el gobierno ganó las elecciones legislativas con números más holgados de los que se pronosticaban. Consiguió aire limpio para acelerar. No pudo aprobar la reforma en diciembre, pero avanza en febrero y aspira a que sea ley antes del 1° de marzo, cuando el presidente haga su discurso ante el Congreso.
Insistió, y esta vez le dio frutos, con un proyecto de ley ómnibus donde mezcla política fiscal y tributaria, regímenes de inversiones, derecho laboral, derogación de múltiples leyes que van desde la caducidad de los estatutos profesionales hasta la derogación de las fuentes de financiamiento del Instituto del Cine. Un aquelarre legislativo que blanquea el toma y daca, al menos en parte. Sacó el capítulo sobre Ganancias para conseguir el apoyo de gobernadores; metió el RIMI para sumar apoyos empresarios; y concedió prórrogas para artículos que afectan a las entidades sindicales y hasta el sector audiovisual.
La Cámara de Diputados es más difícil de ordenar que el Senado. El gobierno confía en que superará los 129 votos que necesita para sesionar y aprobar la reforma, aunque es probable que tenga que hacer nuevas concesiones. En ese caso el proyecto volvería al Senado sin que afecte el resultado final: la reforma pareciera tener el camino allanado en el Congreso.
Se aclara “en el Congreso” porque el proyecto, tal como salió del Senado, será objeto de control de constitucionalidad en la Justicia, como advierten especialistas en derecho laboral y dirigentes sindicales.
La realidad es que es una ley a la medida de un mercado laboral ordenado en función de los intereses productivos de la empresa y regresiva en materia de derechos laborales.
Los sueldos de nuevo podrán pagarse en parte en especie, las indemnizaciones en cuotas y, como explicó desbordante de goce y crueldad el empleado del siglo con funciones ministeriales Federico Sturzenegger, se le disminuirá el sueldo a aquel trabajador que se enferme o accidente por razones ajenas al trabajo. Ni siquiera se preocupó de buscar un ejemplo extremo de ausencia abusiva, carpeta médica inventada para no ir a trabajar (que los hay, está claro también). Citó el caso de un empleado que se lesiona un pie jugando al fútbol en su tiempo libre. Más claro: ese trabajador no perderá un plus por presentismo sino el 25 o 50% del salario según el caso.
Pero la reforma también viene a darle marco jurídico a relaciones y otras cuestiones que ya existen de hecho en el mercado laboral. Entre ellas, el trabajo “independiente” para las plataformas digitales de logística. Lo mismo con la indemnización en cuotas, aunque hay que hacer la salvedad: una cosa es que la cuotificación sea resultado de un acuerdo entre las partes para destrabar un conflicto y otra que sea el punto de partida de la conversación.
La indemnización es uno de los puntos críticos de la ley. El proyecto se toma de la queja empresaria sobre la disparidad de criterios a la hora de definir los ítems que componen las indemnizaciones para licuarlas drásticamente.
Al tiempo que impulsa aportes sindicales voluntarios en nombre de la libertad y la democracia sindical, la reforma obliga a que todas las empresas aporten a un Fondo de Asistencia Laboral (FAL). A su vez podrán descontar ese aporte de las contribuciones patronales que hacen a la Ansés por cada empleado. Es decir, los despidos del sector privado se van a pagar de forma indirecta con plata del sistema previsional.
En definitiva, se está armando un gran negocio financiero cautivo para un grupo de empresas de elite (que administrarán las cuentas de capitalización) hecho sobre la base fondos públicos y en base a ahorro forzado. Cuesta encontrar en ese articulado concomitancia con el espíritu libertario que pregona la libertad económica a ultranza y el rechazo a los que viven del Estado y hacen negocios “con la tuya”.
Desde la perspectiva de los trabajadores, el único dato positivo es que la cuenta de capitalización de las empresas será considerada un patrimonio separado, de afectación específica, independiente e inembargable. Esto garantizaría que los fondos estén exclusivamente afectados al cumplimiento de las obligaciones laborales, protegiendo las indemnizaciones en casos de quiebra o juicios no laborales.
La reforma laboral llega en un momento de debilidad del movimiento obrero para incidir en el inevitable cambio estructural que vive el mercado laboral. Para Milei y los actores económicos aliados acompañar ese proceso con esta reforma laboral es clave, porque ven a oportunidad de desarmar el modelo sindical argentino. Dicho en criollo: diseñar un nuevo equilibrio de poder más favorable al sector del capital que al del trabajo. Bajo esas condiciones la estrategia de la CGT está a la luz. Partiendo de la base que no podrá defender todo, salvar lo que se pueda en algunos casos y tratar de ganar tiempo en otros.