Después de cargar largo tiempo en la mochila de la culpa política qué hacer con el ejercito marginal que, con trapo en mano, “cuida autos en la calle”, esta semana tuvo media sanción legislativa en el Senado de Santa Fe la norma que contempla la prohibición de la “actividad” en toda la provincia. Esto permitirá, por primera vez, que la policía y los municipios actúen de oficio frente a la actividad de cuidacoches, guarda y lavado de vehículos sin autorización.
En ciudades como Rosario, Santa Fe, Rafaela, Reconquista o Venado Tuerto, el “trapito” —o acomodador informal de autos— es una figura que oscila entre la marginalidad y la extorsión. No es un trabajador formal, no tiene habilitación, no paga impuestos, pero ejerce control territorial. Se para en una cuadra, marca presencia y convierte el espacio público en una suerte de concesión de hecho. El conductor no paga por estacionar: paga por evitar un problema. Y ahí comienza el vínculo extorsivo.
Los muchachos desplazaron a los linyeras y a los niños que sus padres mandaban a buscar dinero a la calle y se la ganaron a las piñas, facazos, aprietes y acuerdos con los uniformes. Con la pobreza en el lomo y el estómago vacío establecieron vínculos con las seccionales policiales céntricas, aceptaron acuerdos con las barras del futbol y en especial con las organizaciones narcos de la ciudad. No es solo resultado de la piedad de la economía popular sino expresión de la ciudad bestia.
La mecánica es conocida. El trapito “ofrece” cuidado. El automovilista sospecha que, si no acepta, en su auto puede haber consecuencias. No siempre ocurre, pero la amenaza tácita está ahí. Es una extorsión de baja intensidad, cotidiana, difícil de probar. No es un robo directo: es una coacción ambiental. Y en muchos casos, detrás de esa figura solitaria hay estructuras más organizadas que reparten zonas y horarios.
En la zona del parque operó muchos años el clan “del Esteban” que levantaba los autos para desarmarlos en las afuera de Rosario. En la cercanía de los estadios de fútbol las barras y su polirrubro narco criminal y en el centro de la ciudad el reparto con las jerarquías policiales. En conciertos masivos, en eventos donde se accedía con el coche conlleva la irrupción de las UTE de la pobreza y la culpa.
“No romanticen la pobreza”, pide un interlocutor. “No pido de mala manera, si no me querés dar no pasa nada”, se justifica un cuidacoche. Las ciudades que pierden el control de sus calles van negociando con el concepto médico usado para los adictos en recuperación: “reducción de daños”. “Quedate, pero no trates mal a la gente, la primera denuncia y traigo a otro”, es la amenaza del verdadero dueño de la calle a quienes son la cara visible del “se lo cuido”.
Los puntos clave del proyecto que prohíben la actividad de cuidacoches, guarda y lavado de vehículos sin autorización establecen penas de trabajo comunitario (2 a 10 días) y hasta 20 días de arresto por reincidencia. También deja en claro que la policía podrá actuar de oficio para detener la actividad. Y las sanciones aumentan si hay violencia, amenazas, o si ocurren cerca de eventos masivos, bancos o en zonas de estacionamiento medido. El proyecto incluye la capacitación laboral y asistencia para personas en situación de vulnerabilidad y los municipios deberán adherirse a la ley y definir cómo se aplicará en sus territorios.
Pero reducir el fenómeno a la delincuencia es cómodo pero incompleto. Muchos trapitos provienen de contextos de pobreza estructural, consumo problemático, exclusión laboral. El linyera —esa figura histórica del errante, del que vive al margen— mutó en cuidador informal porque la ciudad cambió. El cartoneo, la changa, el “cuidar coches” son estrategias de supervivencia. El problema es cuando esa supervivencia se apoya en las organizaciones delictivas. La plata de la calle no es solo del trapito. Se reparte, se organiza, se gestiona con la frialdad empresaria donde todos deben ganar un poco.
Además de los espectáculos y las canchas de futbol, hay lugares muy visibles de la actividad que han tenido garantías para perdurar. La traza de Pellegrini, Oroño y Pichincha. El matón que acomoda motos en Corrientes y Cordoba hace décadas. El “dueño de la playa frente a tribunales provinciales” que fue ungido hace años por un ministro de la corte para realizar la actividad porque su suegro necesitaba recursos para mantener a niños discapacitados. En la playa municipal frente a los Silos Davis hay una familia que hace dos décadas custodia autos cobrando mensualidad a sus clientes. En la playa de la Florida, los dealers de la barranca han desplazaron a la cooperativa sin que nadie pueda auxiliarlos en las amenazas.
¿Es un trabajador precarizado o un extorsionador? A veces es ambas cosas. La miseria no justifica la amenaza, pero la indiferencia tampoco resuelve la miseria
“Es mejor acordar que denunciar”, confiesa un vecino. Y así el debate se corre del enojo inmediato —comprensible— hacia una discusión más profunda: recuperación del espacio público, políticas de inclusión laboral reales, y una autoridad que se involucre transformando caso por caso.
El Estado suele oscilar entre la tolerancia y la represión episódica. Hay censos muy detallados, quienes son, a quien reportan, cuánto hacen que están allí. Como y a quien le ganaron la calle. Con quién reparten sus ingresos. Prontuario, consumos y riesgos. Operativos que duran días, ordenanzas que se anuncian con firmeza y luego se diluyen. Mientras tanto, el vecino queda solo frente a la escena: paga y se va.
La pregunta de fondo no es solo policial, sino social. ¿Es un trabajador precarizado o un extorsionador? A veces es ambas cosas. La miseria no justifica la amenaza, pero la indiferencia tampoco resuelve la miseria.
Hubo un tiempo en donde los trapitos, su tono de voz, su solicitud de piedad por la propina, dejó de ser invisible y pasajera para transformarse en un espejo donde después de varias décadas es una realidad pesada e incómoda. Una amenaza que molesta solo cuando te toca.