Libros con ensayos de este tiempo: en “Los ingenieros del caos” y en “La hora de los depredadores”, Giuliano da Empoli no habla de monstruos aislados sino de sistemas que producen conductas extremas. El caos no es espontáneo: es diseñado, administrado, explotado. Hay arquitectos invisibles que desordenan el mundo para gobernarlo mejor. En ese paisaje, la violencia deja de ser una anomalía y se vuelve una consecuencia lógica. No surge de la nada: se cultiva, se riega, se la deja crecer.
Cuando un menor mata, la tentación inmediata es buscar alivio en el castigo penal, como si endurecer la ley pudiera suturar una herida estructural. Pero un niño homicida no es un depredador en sí mismo: es el rastro visible de otros depredadores que nunca se sientan en el banquillo. Los que degradan el tejido social, los que convierten la exclusión en paisaje, los que naturalizan la crueldad como método. El chico que mata es el último eslabón de una cadena que empieza mucho antes, en despachos, en seccionales, en estudios o bufetes, en oficinas contables con muchas pantallas, máquinas contadoras de dinero y silencios.
El error del sistema no es solo haber fallado en contener o educar: es haber producido un entorno donde la violencia se vuelve el lenguaje de esos niños. En la lógica del caos, los menores son materia prima: cuerpos jóvenes, sin defensas simbólicas, moldeables por el abandono, la desigualdad y el discurso del odio. Penalizarlos como adultos puede calmar una sed momentánea de orden, pero no toca el núcleo del problema. Es castigar el síntoma y proteger la causa.
“Wapo Traketero, siempre quieres verme, dices que sos un santo, pero sos un delincuente”, escribió en 2018 Nicky Nicole en un rincón rosarino de su adolescencia imaginando (o no) una historia de seducción y encuentro entre dos jóvenes. La niña merodeada por otro adolescente que se jactaba de su brutalidad en las calles. “Dice que soy lo mejor de su vida, que por mí apunta, tira y tira, que ya no le importa cometer un delito por su niña”.
Sobre la historia de adolescente Jeremías Monzón, asesinado por otros menores que quisieron vengar la difusión de un video íntimo de su ex novia, la pregunta entonces no es si un niño que mata debe ser castigado, sino a quién beneficia ese castigo. En la hora de los depredadores, la respuesta suele ser incómoda: beneficia a un sistema que necesita chivos expiatorios para no mirarse al espejo. Porque mientras discutimos la edad de imputabilidad, los verdaderos ingenieros del caos siguen operando, intactos, diseñando un mundo donde cada vez más chicos crecen sin futuro y, a veces, sin límite.
El ministro de la Corte de Justicia de Santa Fe Daniel Erbetta, con mucho camino recorrido en el derecho penal, se excusa en el diálogo porque argumenta hartazgo y aburrimiento para debatir públicamente el tema. Asume con ironía y contundencia el argumento. “Me lo preguntan desde hace 30 años. Cada vez que en los medios aparece la crónica de un menor que asesina volvemos al tema”, dice.
El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad vuelve a mostrar una tensión conocida dice Erbetta: la distancia enorme entre el eslogan y el análisis de una problemática compleja. La idea de “endurecer” la respuesta penal frente a delitos cometidos por menores reaparece cíclicamente como si el castigo anticipado pudiera ofrecer una respuesta rápida al miedo social. Pero, como advierte el juez, ese atajo discursivo esquiva la discusión de fondo: qué hacer realmente con chicos que llegan al delito desde contextos de extrema vulnerabilidad y abandono estatal.
El error del sistema no es solo haber fallado en contener o educar: es haber producido un entorno donde la violencia se vuelve el lenguaje de esos niños
El ministro pone el foco donde suele evitarse mirar: la prevención. La punición —bajar la edad, aumentar penas— llega siempre tarde, cuando el daño ya está hecho y la vida perdida no vuelve. Son planos distintos. Castigar no previene, no disuade, no corrige trayectorias de exclusión que empiezan mucho antes del primer delito. La mayoría de los menores involucrados en hechos graves provienen de sectores profundamente marginales, chicos que muchas veces ni siquiera accedieron a la alfabetización básica.
Erbetta también desnuda otra incomodidad: la dificultad de debatir racionalmente cuando el eslogan ocupa todo el espacio público. Discutir la baja de imputabilidad puede tener sentido en ámbitos académicos, técnicos e incluso legislativos, pero se vuelve estéril frente a un discurso político que muchas veces acorralado por la impotencia simplifica, exagera y contradice sus propias prácticas en otros terrenos, como la lucha contra el lavado de dinero o el narcotráfico.
La pregunta, entonces, no es solo qué hacer con los menores que delinquen, sino qué sociedad produce esas trayectorias y qué Estado decide intervenir —o no— a tiempo. Prevención, políticas sociales sostenidas, educación, contención y un sistema judicial que no sea rehén del oportunismo son parte de una respuesta integral. Todo lo demás —la baja de la edad de imputabilidad como consigna salvadora— corre el riesgo de ser apenas eso: un gesto ruidoso que tranquiliza discursos, pero no reduce delitos ni repara injusticia.
Si el caos es diseñado, el antídoto no puede ser improvisado. No alcanza con más policía ni con penas más duras: eso es apenas aspirina para una enfermedad sistémica. Desarmar a los depredadores exige, primero, quitarles el terreno fértil donde operan. El caos se alimenta de la intemperie social, de la sensación de abandono, de la idea de que nadie cuida a nadie. El primer antídoto es, paradójicamente, el orden que no grita: instituciones que funcionen, escuelas que contengan, barrios donde el Estado no aparezca solo después del crimen. Pensar políticas de largo plazo sobre infancia, salud mental y desigualdad es un acto casi subversivo en un mundo adicto a la reacción inmediata. Cuidar a un chico durante diez años es menos espectacular que castigarlo en un titular, pero infinitamente más eficaz.
Un menor asesino es una carga pesada para todos. Muchos de los niños que jalan el gatillo o apuñalan a sus víctimas llegaron a un mundo gobernado por quienes hoy aún siguen teniendo responsabilidades de conducción política y eso refleja la impotencia o la impericia. Es cierto que el homicidio marca un umbral distinto. Un menor que mata debiera entender la gravedad del hecho y la sanción penal no solo lo interpela, sino que reconoce a la víctima y a su entorno.
Desarmar a los depredadores implica señalarlos. No solo al chico que mata, sino a quienes lucran con el caos: economías ilegales toleradas, discursos políticos que incendian, medios que convierten el horror en espectáculo. El antídoto más incómodo es la memoria y la lucidez. Porque el caos prospera cuando confundimos al depredador con su presa y creemos que la violencia solo se resuelve castigando al eslabón más débil de la cadena.