Santa Fe, como el resto de las provincias, se repliega sobre las necesidades básicas en medio de la retracción económica y fiscal. “A nadie le va a faltar el medicamento o el plato de comida”, repite el gobernador Maximiliano Pullaro. El gobierno prepara una versión propia del Plan Remediar, que existía desde 2002 y fue sostenido por gobiernos de distinto signo político hasta que en 2024 Javier Milei lo serruchó hasta su virtual desaparición. Refuerza partidas de alimentos, ajusta donde queda espacio para ajustar, hace reingeniería con las construcciones en marcha para no frenarlas y diseña un plan para hacer obra pública sin plata en 2027.
La caída de la coparticipación que reciben provincias y municipios es estrepitosa, pero también se desploma la recaudación propia en el segundo y tercer nivel del Estado. “La situación se puso tan fea que Milei y Caputo lanzaron el Ahora 12 como en la época de Cristina, pero para las provincias”, bromeó un funcionario santafesino sobre el decreto 219/2026, que dispuso un plan de adelanto de coparticipación de hasta 400.000 millones de pesos para doce provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán) con el fin de aliviar tensiones fiscales y, de paso, apuntalar el respaldo en el Congreso de esos gobernadores.
El círculo se vuelve vicioso. Más ajuste, menos consumo, caída de actividad, recaudación tributaria a la baja. Nación ajusta retirándose de sus funciones y responsabilidades. Directamente deja de pagar. Le tira el país real a las provincias.
Para tener una idea de lo acelerado que es el deterioro fiscal, un funcionario santafesino lo explicó así: “La proyección que hicimos para 2026 en diciembre, en febrero ya estaba desfasada. Y cuando vimos los números de marzo, nos dimos cuenta de que había que revisar la de febrero”.
El contexto definitivamente es malo. Y Pullaro tiene un enorme stock de obra pública en ejecución, que hasta aquí es un valioso puntal de empleo y actividad económica a sostener y terminar. No habrá obras nuevas, a excepción de aquellas que tienen fuentes externas de financiamiento, como la red de accesos a puertos.
Si los dos primeros años la gestión Pullaro encarnaba la voluntad avasalladora de llevar adelante proyectos de infraestructura de envergadura y financiados con la caja propia, hoy las cosas son diferentes. Cada mes echa mano a unos cuantos millones de dólares de los que obtuvo en Nueva York para completar el pago de los certificados de obra que, a pesar de la retracción fiscal, siguen siendo muy abultados en Santa Fe. La operación para acceder a ese colchón de dinero fue un acierto enorme del equipo económico que lidera Pablo Olivares. Contar con 800 millones de dólares en el banco en medio de la intemperie mileísta ahorra decisiones ingratas y dolores de cabeza.
El acuerdo por los fondos de Ansés firmado por Nación y Santa Fe esta semana puede verse desde el vaso medio vacío, como lo hizo la oposición. Desde esta óptica el acuerdo fue insuficiente.
El gobierno se quedó con el medio vaso lleno. La primera gran ventaja es que cada mes ingresarán a caja 10 mil millones que, comparados con cero, son una cifra muy valiosa en el actual contexto. Una segunda ventaja es que —gracias al ministro del Interior, Diego Santilli— quedaron de lado reclamos colaterales que, si bien no están en el convenio que firmaron las partes, el Ministerio de Economía sistemáticamente ponía sobre la mesa. Y, tercero, el acuerdo político encaminó el traspaso de bienes del Estado nacional a la provincia.
Si bien la lista de esos bienes no está cerrada, la Casa Gris y varios municipios tienen el ojo puesto en terrenos, edificios y obras a medio terminar en varias ciudades. El interés más inmediato está puesto en los terrenos de la Estación del Ferrocarril Belgrano en la capital y los terrenos de Puerto Norte en Rosario. Son los de mayor potencial inmobiliario y, por tanto, es factible, calculan en el oficialismo, poner en marcha proyectos público-privados de gran escala sin tener que poner dinero. El Estado pone las tierras y los privados invierten en los proyectos de bienes raíces a comercializar y, atado a ese derecho, la obligación de urbanizar, crear infraestructura pública y eventualmente aportar compensaciones económicas. El mismo esquema es el proyecto en Parque de la Cabecera, a los pies del Puente Rosario-Victoria. En este caso, la Provincia ya tiene la propiedad de esas hectáreas estratégicas.
La apuesta es hacer obra pública sin plata en un momento de contracción económica y fiscal, donde los recursos a duras penas permitirán mantener y terminar lo que se empezó. El gobierno estima que, si lograse poner en marcha esos tres proyectos en 2027 —Parque de la Cabecera, terrenos de Puerto Norte y estación Belgrano—, se garantiza trabajo a unas 8 mil familias.
Chispazos políticos
Cuando la abundancia da paso a las restricciones, ocurren situaciones como la que protagonizó el senador Felipe Michlig. En plena sesión acusó de discriminación al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico. Lo hizo en términos que un opositor hubiera pensado dos veces antes de pronunciar. Curioso que, en un gobierno que apuesta a grandes infraestructuras como uno de sus principales activos, haya estallado un conflicto por la terminación de 54 viviendas que Nación abandonó a medio hacer en San Cristóbal.
Si de por sí el pedido de informes de Michlig al Ministerio de Obras Públicas revolvía el avispero —lo acompañaron con su firma otros tres senadores radicales, además de los peronistas—, qué decir del estupor que provocó en Unidos el discurso con referencias y acusaciones explícitas a Enrico, el ida y vuelta con la senadora reemplazante de General López, Leticia Di Gregorio, y el aprovechamiento del momento que, con astucia y altura, hizo el PJ a través de Rubén Pirola.
Con sensatez, todo Unidos quiere bajarle el tono al incidente. Pullaro se mantiene a distancia de los cortocircuitos. Entendió que su capital político y electoral se mide en la gestión, no en la rosca política. “No pasa nada, ya se van a arreglar. A mí lo único que me sube la presión son los homicidios y los problemas de seguridad”, dijo en sorna sobre el altercado entre Enrico y Michlig, dos figuras de carácter fuerte a las que conoce bien.
Lo del Senado es un tropiezo autoinfligido del oficialismo que metió ruido en una semana en la que el gobierno se anotó a su favor el acuerdo con Nación por la deuda de Ansés, la sanción de la ley orgánica de municipalidades y estrenaba vocería.
El cambio más visible por estos días es la incorporación de la figura de “vocera”, rol asignado a la santafesina Virginia Coudannes. Haber sumado una vocería supone una redefinición de los niveles de exposición y cuidado del gobernador, qué cosas va a comunicar y cuáles no, así como del papel de los ministros.
Las peleas internas son inoportunas, pero más aún en un momento en el que Unidos enfrenta restricciones en el plano económico y un reacomodamiento en lo político. Reacomodamiento o “reseteado”, según el término que usó el influyente secretario de Vinculación Estratégica, Julián Galdeano.
En el congreso del socialismo también hubo definiciones. Además de ratificar su oposición al gobierno de Javier Milei, el presidente del partido, Joaquín Blanco, dijo que “después de dos años de gestión, Unidos necesita discutir cuáles son las prioridades”. El exgobernador Antonio Bonfatti, referente de la otra corriente interna, llamó a tener “una incidencia positiva dentro de Unidos” y a que “si hay críticas deben plantearse en sentido constructivo”.
También reconoció que no es fácil poner de acuerdo a todos los que son parte de Unidos. La alianza gobernante enfrenta tensiones que hacen ruido, pero hasta aquí no interfieren en el rumbo. Semanas atrás, el senador Ciro Seisas no acompañó la sanción de la ley orgánica de municipalidades. Y, además del incidente en el Senado, en Diputados se dio una situación de menor gravedad y repercusión, pero no por eso dejó de llamar la atención. Fue cuando los diputados radicales Martín Rosúa y Dionisio Scarpin (ambos del sector de Galdeano) se abstuvieron a la hora de sancionar el artículo 22 de la nueva ley orgánica de municipalidades.
Esa ley, que es un mandato de la Constitución, fue votada por unanimidad en el Senado, pero no en Diputados, donde los bloques de la oposición se abroquelaron en el rechazo. Dieron a entender que el oficialismo invirtió demasiados esfuerzos en poder congeniar puertas adentro y con los senadores del PJ, lo cual significó cerrar la discusión y sacrificar el potencial acompañamiento de algún sector de Diputados. Al fin de cuentas, fue 30 a 17 la votación.
El oficialismo defendió la ley y su vocación de acuerdo. En próximos capítulos legislativos se verá si en Diputados la oposición y el oficialismo se posicionan en términos binarios pensando en 2027 o si queda algo del espíritu y la voluntad consensual de la convención constituyente. El Senado tiene una lógica diferente, de unanimidad. Sin embargo, si algo se destacó últimamente es el anticipado ingreso de proyectos de los senadores del PJ de reforma electoral. Hay algunas diferencias sustanciales con algunos puntos de interés del oficialismo. Los que fuman debajo del agua creen estar viendo un mensaje político más que un proyecto de ley.
Las cartas del peronismo
También la oposición necesitará forzar acuerdos entre sus partes. El peronismo, más que nada. Lidia en la Legislatura con la eterna diferencia entre los intereses de los senadores y los diputados, pero también maniobra con cautela para que las tensiones que se observan en la vida partidaria no interfieran en la homogeneidad que pretenden en el interbloque de la Cámara baja.
Tempranamente aparecen nombres de potenciales candidatos en 2027 para la Gobernación. Señal de que comenzó a armarse la mesa de negociación y de que cada uno prepara una carta para exigir derecho a sentarse en ella.
Diego Giuliano hace tiempo intenta posicionarse por el Frente Renovador. Y en las últimas horas se anotaron en la carrera Germán Martínez, jefe de la bancada de diputados nacionales y referente de La Corriente que lidera Agustín Rossi; Pablo Corsalini, de Vamos, el más activo de los grupos de intendentes; y Omar Perotti también da señales de aspiraciones electorales para 2027.
El PJ tiene como primera misión encontrar una fórmula para reincorporar a los que se fueron del partido y piden volver. Luego, construir una unidad, aunque sea atada con alambre, rogar que el escenario electoral sea de tercios parejos y construir una interna estratégica, como la de Perotti-Bielsa de 2019, que para no pocos debería estructurarse desde Rosario para potenciar la candidatura a intendente del aliado Juan Monteverde.