Lo que ocurrió en el Senado de la Nación con el denominado proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada marca un límite para el gobierno nacional. En términos políticos, no hay dudas de que se trató de una estruendosa derrota del oficialismo. Pero, si se mira más allá, la derrota parlamentaria puntual se extiende al reformismo atropellado que intenta llevar adelante el gobierno libertario.
Un reformismo que tiene problemas de forma y de contenido. De forma, porque una vez más la Casa Rosada eligió como estrategia parlamentaria una ley ensalada, es decir, un proyecto con un título de aspiraciones fundacionales detrás del cual pretende deformar o borrar de un plumazo un sinnúmero de leyes que, en algunos casos, demandaron años para construir consensos y fueron aprobadas con mayorías políticas transversales y alto respaldo social.
Y también de contenido. El reformismo libertario empieza a revelarse desanclado de los intereses generales de la sociedad. Su intención de otorgar beneficios irrestrictos, desregular y levantar regulaciones en favor de grandes capitales y del sector más rico de la sociedad empieza a mostrar dificultades para hacer carne.
Los capítulos de la ley que desarmaban las leyes de Manejo del Fuego y de Tierras generaron dudas por doquier, probablemente incluso entre los electores propios. A eso se sumó la ya conocida mala praxis política del oficialismo, que en esta oportunidad patinó como resultado de incoherencias explícitas que hicieron que los potenciales aliados salieran huyendo.
El caso más patente fue la ley de Tierras. Nunca el gobierno pudo explicar por qué había que quitar los límites si la norma vigente permite un 15% de extranjerización y hoy “solo” es del 5%. Luego pasó de no querer ninguna regulación para la venta a extranjeros a proponer elevar el límite al 25% en el caso de las provincias y eliminarlo para los municipios.
Así fue como el gobierno no hizo pie ni en el Congreso ni en la opinión pública. El discurso oficial se agarra de arbitrariedades puntuales —como el cacique mapuche que ocupó una franja de tierra a una señora que había comprado un campo o quienes ocupan un terreno donde debería realizarse la rotonda de ingreso a Villa la Angostura— para abrir las puertas de Troya. Pero está a la vista que el sujeto beneficiario de la demolición jurídica que proponía el proyecto de ley no era el propietario de un departamento en alquiler al que le tocó un mal inquilino, sino que el objetivo era facilitar desalojos de terrenos estratégicos para su potencial explotación económica.
Intenta inclinar así la balanza de una conflictividad que desde hace años se observa en el marco de la expansión de la frontera agropecuaria, por ejemplo en el norte de Santa Fe, y en las zonas cordilleranas y patagónicas desde que se volvieron más atractivas para el desarrollo inmobiliario, turístico, minero y energético.
Así como la reforma laboral se redactó en grandes estudios corporativos, parte de esta ley dispone de un arsenal jurídico que facilita negocios inmobiliarios de gran escala y que podría poner en seria desventaja a comunidades originarias y campesinas —un ejemplo muy difundido fue el del Movimiento Campesino de Santiago del Estero— o a poblaciones como la de aquel pueblo cordillerano de La Rioja cuyo caso inspiró la ley de Tierras hace 15 años.
En definitiva, el gobierno se quedó solo impulsando una ley que nadie más salió a defender públicamente, que generó dudas sobre los objetivos que perseguía y que no mostraba beneficios concretos para los argentinos. Perfecto: RIGI, Súper RIGI y demás beneficios. ¿Pero cuáles son los beneficios para los argentinos? ¿Qué pasa con las retenciones, con la infraestructura? El costo logístico crece porque se llega más tarde, se rompen los vehículos y las deficiencias de infraestructura terminan encareciendo la producción.
Para colmo de males, en esos mismos días el ministro Caputo la emprendió contra la industria argentina, dejando en claro que no está dispuesto a mover un dedo para ayudar a ese sector, y el presidente se desentendió por completo de la problemática del creciente endeudamiento de personas y familias. Milei no deslizó ni el más mínimo gesto de empatía por quienes, por el motivo que sea, la están pasando mal. Demasiado contraste con el activismo que el gobierno demuestra a la hora de atender a los sectores extractivistas y al mundo financiero.
Eso mismo valoraron gobernadores que en otras ocasiones prestaron los votos de sus senadores al gobierno. Y en especial la Unión Cívica Radical, que hizo una movida atípica, con fuerte protagonismo de las autoridades partidarias y, en particular, del presidente del partido, el venadense Leonel Chiarella, promovido a ese lugar por el gobernador Pullaro.
La UCR mostró los dientes
El posicionamiento de la UCR contrario a las reformas de las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego fue decisivo. Esa voluntad y la negativa de “los provinciales”, como se denomina a los legisladores que responden especialmente a la capacidad negociadora de sus gobernadores, sentenciaron la suerte de la ley. Si votaron el texto residual, que incluyó cambios a la ley de Expropiaciones y al Código Civil y Comercial en materia de desalojos, fue para salvar al gobierno de una derrota completa y evitar la celebración del peronismo.
La conducción de la UCR hizo de colchón. De entrada fijó una posición pública, en parte marcándoles la cancha a los propios que querían acompañar la ley y en parte ofreciéndoles el argumento ideal para excusarse de hacerlo ante el pedido del partido al que representan.
No deja de ser una situación atípica para la política actual, en el marco de partidos que casi no influyen sobre cómo votan los diputados y senadores, en especial el radicalismo y el justicialismo. La fragmentación que se observa en cada votación demuestra que el voto lo orientan los propios bloques legislativos, sectores partidarios y los gobernadores más que las estructuras formales de los partidos.
De hecho, en la mayoría de los casos es posible que una “orden” partidaria sobre el sentido de un voto sea desoída o desobedecida sin mayores inconvenientes. Por lo general, las conducciones partidarias se refugian en el silencio ante la imposibilidad de conducir y aglutinar la diversidad de posiciones, miradas e intereses que conviven dentro de esos partidos.
¿A qué se debe este atípico protagonismo de la UCR? Probablemente, al particular momento que atraviesa la relación con el gobierno de Milei, marcada por un acuerdo de facilitamiento mutuo de la gobernabilidad, pero con un horizonte incierto para 2027.
A pesar de los obstáculos político-electorales que tiene por delante, Chiarella ratificó esta semana que la voluntad de la UCR es conformar una propuesta electoral alternativa a La Libertad Avanza. Los tiempos cambiaron. Milei ya no es aquel de 2024 que podía humillar a gobernadores en público y mofarse e insultar a próceres radicales. Hoy la relación está condicionada por necesidades recíprocas. La UCR aprovechó para mostrar lo que vale.
Argentina en el partido global
Fuera del barro político, el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada es funcional a la idea de que, en el marco de la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China, la Argentina debe alinearse con el primero.
La reforma de la ley de Tierras pretendía permitir que los extranjeros adquirieran todas las tierras que quisieran, salvo cuando hubiera participación estatal, una restricción que afecta principalmente a los chinos, en un momento en el que ambas potencias se expanden por todo el globo disputando tierras raras, minerales críticos y energía suficiente para poder seguir compitiendo y disputar la supremacía tecnológica que hoy condiciona buena parte de ese juego.
El cerrojo a las expropiaciones, cuyo espíritu está vinculado con las empresas que el gobierno está privatizando —no es casualidad que el gobernador de La Rioja haya dicho lo que dijo en la misma semana en que se definía la ley en el Congreso—; el intento de quitar las restricciones al cambio del uso del suelo tras un incendio; la aceleración de los desalojos; así como antes la flexibilización de la ley de Glaciares, las ventajas del RIGI y ahora del Súper RIGI, y los cambios que se proponen a la ley de Sociedades para incorporar empresas no humanas manejadas integralmente por robots conforman un paquete reformista funcional a la “doctrina Donroe” que postula Trump, reversionando aquello de “América para los americanos”.
El sentido de esas reformas legales es desmantelar el andamiaje jurídico soberano y adaptarlo a un tiempo de alineamiento total con Estados Unidos y con su necesidad de seguridad hemisférica y aseguramiento de materias primas. Por eso, desmantelar leyes, regulaciones, controles y límites para permitir el acceso a aquello a lo que sea necesario acceder.
Trump lo dice sin pelos en la lengua respecto de las tierras raras de Ucrania, la ubicación de Groenlandia y la idea de “América para los americanos”. El resto lo hace sin tapujos la diplomacia norteamericana. Como cuando, en los últimos días, la embajada dirigida por Peter Lamelas comunicó la intención de revocar las visas a los directivos de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) si adjudicaban la adquisición de fibra óptica a la empresa china Huawei, sin que esa actitud motivara ninguna reacción ni comentario de las autoridades argentinas.
Javier Milei entiende que ese es el papel y el lugar que debe jugar la Argentina ante el rediseño territorial del poder geopolítico. En parte, por auténtica convicción y, en parte, por los compromisos derivados del salvataje financiero de Trump y su secretario del Tesoro en octubre de 2025.
La Casa Blanca encuentra en Milei un socio dispuesto a serle funcional en su ambición de influencia regional, ayudando a que ganen candidatos de derecha y desgastando a gobiernos progresistas, como hizo con Lula. Pero también encuentra una oportunidad más allá de Milei: un sistema político fragmentado e incapaz de construir acuerdos trascendentes y una sociedad sumergida en dos realidades económicas muy diferentes, que algunos ven como resultado de la transición de la matriz económica y otros como una tendencia destinada a perdurar.
El modelo ve una oportunidad para la Argentina en la profundización de esta etapa del capitalismo motorizado por la tecnología digital y definió que el país juegue en uno de los dos bandos que lideran el nuevo orden global.
¿Lo conseguirá? ¿Puede seguir adelante sin considerar que es difícil avanzar desentendiéndose de la suerte de millones de argentinos? La derrota política en el Congreso a manos de radicales, peronistas y provinciales marcó un límite. Y, en parte, podría responder esas preguntas.