Ocho policías fueron llevados a audiencia imputativa por haber realizado el lunes pasado un allanamiento ilegal en una casa de barrio Nuevo Alberdi, donde robaron 40 mil pesos, ropa, una mochila y un bolso. Los elementos sustraídos fueron encontrados en los patrulleros que tenían asignados. El juez Rodrigo Santana los dejó en libertad, pero deberán cumplir una serie de reglas de conducta.
Según la acusación del fiscal Rodrigo Urruticoechea, los agentes del Comando Radioeléctrico fueron a un pasillo de Somoza y Ciudadela tras una comisión del 911 por venta de droga al menudeo. Luego, ingresaron sin autorización judicial en el domicilio de una pareja -que estaba con su beba de 2 años- ubicado en Pasaje 1.353 y Somoza y obligaron a salir de la casa a la familia. En el caso del dueño de la propiedad, lo golpearon en las costillas.
Los policías Damián Ezequiel Blanco, Fernando Alberto Blanco, Joaquín Mario Fyk, Leonardo Fabián Garzón, Daiana Irena Mena, Sofía Macarena Ríos, Iván Gabriel Tkachuk e Iván Eduardo Merlo robaron seis repasadores, cuatro tops deportivos, ocho pares de soquetes, un pack de medias, un corpiño de encaje, diez bombachas de mujer, dos de niña, cuatro calzoncillos de niño, ocho vedetinas, tres gorras y 40 mil pesos.
Una vez finalizado el robo, las víctimas hicieron la denuncia. La División Judiciales detuvo a los policías involucrados en colectora de Circunvalación y Joaquín Suárez, donde fueron requisados los patrulleros, donde se encontraron los elementos sustraídos. Las prendas, de acuerdo a la reconstrucción del caso, eran de la mujer que se dedicaba a la venta de ropa.
Los delitos imputados fueron allanamiento ilegal, robo doblemente agravado por haber sido en poblado y en banda y por haber sido ejecutado por ser integrantes de la fuerza policial, y abuso de autoridad.
El juez dictó medidas alternativas a la prisión preventiva que había solicitado el fiscal Urruticoechea. A los policías Fyk y Merlo se les impuso una fianza de 100 mil pesos. A los agentes Damián Blanco y Ríos, 200 mil pesos. A Fernando Blanco y Tkachuk, 300 mil pesos. Y a Garzón y Mena, medio millón de pesos.
Además, a los acusados se les ordenó una prohibición de acercamiento a las víctimas, firmas ante la Oficina de Gestión Judicial y prohibición de salid de la provincia y del país.