Este jueves personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la División Trata de Personas efectuó dos allanamientos, uno en la ciudad de Santa Fe y otro en Villa Constitución, en el marco de una investigación internacional por tenencia de "material de abuso sexual infantil".
La causa denominada “Escudo Infantil” investiga presuntos delitos de tenencia de material de abuso sexual infantil y trata de personas. Según confirmaron fuentes policiales, durante el allanamiento los agentes secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos de interés. No hubo detenidos.
El procedimiento en la capital provincial se realizó en una vivienda de la manzana 7 de Alto Verde, donde vive junto a familiares un futbolista profesional de Unión, que según indicaron medios santafesinos se trata del delantero Cristian Tarragona. De todos modos, fuentes de la investigación no aclararon si está implicado el propio jugador o alguien de su entorno.
No obstante, desde la PDI aclararon que oficialmente no se divulgarán nombres ni datos personales, debido a la naturaleza extremadamente sensible del caso y la obligación de preservar la identidad de posibles víctimas menores de edad.
Según confirmó el Director Provincial de Investigaciones Criminales, Rolando Galfrascoli, se trata de una causa de alta complejidad que forma parte del programa internacional “Escudo Protector”, orientado al combate global de los delitos vinculados con la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil.
El operativo, que forma parte de una investigación de alcance internacional, se ejecutó de manera simultánea en distintos puntos del país y contó con la intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Desde la fuerza indicaron que la investigación continúa bajo estricta reserva debido a su carácter internacional y a la sensibilidad del caso, que se enmarca en la cooperación con organismos judiciales y policiales de otros países.
Origen de la causa
El caso se originó a partir de una alerta internacional generada por una dirección IP que fue detectada en territorio santafesino. El rastreo técnico permitió establecer una traza informática que derivó en los dos allanamientos concretados esta mañana.
“Normalmente, este tipo de delitos se detecta a partir de una alerta que llega a los organismos nacionales, quienes trabajan en red. Desde allí se inicia un minucioso trabajo de depuración y geolocalización de la conexión”, explicó Galfrascoli.
El funcionario recordó que estos procesos “pueden demandar semanas o meses de análisis técnico antes de poder identificar un domicilio específico”.
En la causa intervienen los fiscales Matías Broggi e Ignacio Suasnavar.