Una serie de allanamientos en Rosario y la región dejó detenidos a tres hombres bajo sospecha de desviar armamento legal al mercado negro. Se trata de usuarios legítimos que adquirieron armas de fuego y luego habrían realizado negocios ilegales con ventas no autorizadas. La ciudad y el departamento La Capital ya fueron escenario de investigaciones de este tipo en 2024 y 2025.
El martes, personal de la División Antidrogas de la Policía Federal –fuerza a cargo de la investigación– detuvo al identificado como Exequiel P. en Hutchinson al 4400, en barrio Acindar, señalado como “prestanombre” para la compra de armamento.
Los policías secuestraron dos revólveres Taurus y cuatro credenciales de tenencia de armas (tres correspondientes a pistolas que no fueron halladas) y otras de consumo de municiones, entre otros elementos considerados de interés para la investigación. La audiencia imputativa, solicitada por la fiscal Juliana González, está prevista para este viernes en el Centro de Justicia Penal.
Al día siguiente, personal de la PFA detuvo a los hermanos Daniel Jesús y Santiago G. en Cañada de Gómez, según informaron voceros de la fuerza.
En los procedimientos se incautaron de ocho escopetas, dos carabinas, tres pistolas semiautomáticas, dos revólveres y más de 800 municiones de distintos calibres.
Los cañadenses están bajo sospecha de haber adquirido en forma legal, durante el último tiempo, más de 30 armas que habrían sido desviadas al circuito ilegal. Una línea investigativa señala que algunas pistolas terminaron en manos de grupos criminales rosarinos, según un comunicado oficial.
Compras de paja
En 2024, el fenómeno de las “compras de paja” de armamento (straw purchase), muy extendido en Estados Unidos, tuvo una investigación local que arrojó resultados significativos al poner en descubierto que una cadena de personas, que según la Fiscalía actuaba de forma organizada, adquiría armas de fuego para luego hacer negocios en el mercado ilegal.
La causa estuvo a cargo del entonces fiscal del MPA Gastón Ávila e involucró a un gestor, a personas vinculadas con una armería de la ciudad, a un médico psiquiatra, a un instructor de tiro, a organizadores de la asociación ilícita y a decenas de prestanombres.
El 28 de octubre de ese año, doce personas, poseedoras de un total de 210 armas, fueron imputadas por la provisión ilegal con habitualidad. En los allanamientos, los investigadores dieron con solo dos armas.
Parte de ese armamento originalmente legal, dijo el fiscal, llegó a integrar el arsenal de Luciano “Lucho” Cantero, jefe de una facción violenta de Los Monos en el barrio 17 de Agosto. Lucho fue detenido en enero de 2022 con una veintena de pistolas.
“Estamos hablando del período 2022-2023, que fue probablemente el más sangriento de Rosario. Las personas que vendían las armas inescrupulosamente (por codicia) a quienes luego las desviaban a las bandas criminales son, en parte, responsables del ciclo de violencia de esta ciudad”, había dicho Ávila en conferencia de prensa.
El fenómeno también tuvo su capítulo en las ciudades de Santa Fe, Recreo y Esperanza. A mediados de diciembre de 2025, en los tribunales de la capital provincial, fueron imputadas nueve personas propietarias, en teoría, de 154 armas. Pero en los operativos en los domicilios solo se hallaron doce. La fiscal González les atribuyó el delito de provisión ilegal de armas de fuego calificado por habitualidad.
González expuso que “a partir de pericias específicas pudimos detectar que en diversos hechos de violencias altamente lesivas cometidos en la provincia se utilizaban armas de fuego que pertenecían a legítimos usuarios que las proveían a los autores de esos ilícitos”. Ejemplificó que “hubo homicidios en los que se secuestraron armas que en el Renar aparecían a nombre de algunas de las personas imputadas”.