Una dupla de asaltantes rindió cuentas por un frustrado atraco a empleados de una empresa constructora en la periferia oeste de Rosario.

De acuerdo con la imputación a cargo de la fiscal Verónica López, Miguel Mena, de 18 años, y Ángel Vera, de 29, junto con el adolescente Santino R., de 17, cometieron un asalto en la mañana del 26 de diciembre.

En el cruce de Uriburu y Las Palmeras, encañonaron a dos empleados de la constructora RPB Group que circulaban en una camioneta Nissan blanca.

Los maleantes se movilizaban en un Renault Clio negro, desde el cual les cortaron el paso a los obreros. 

Descendieron dos de los ocupantes del vehículo portando una escopeta recortada y, tras amenazar a las víctimas y exigirles que se tiraran al piso, les robaron dos teléfonos celulares, una billetera y otros efectos personales.

La camioneta robada, atascada en el barro.

Además, se apoderaron del utilitario, que entre otros elementos transportaba una hormigonera en la caja, y emprendieron la fuga.

La intervención policial del Comando Radioeléctrico y de la División Judiciales permitió hallar la camioneta robada, que se encontraba empantanada en Camino Límite del Municipio, entre Uriburu y Batlle y Ordóñez.

No muy lejos de allí, en Batlle y Ordóñez y Las Palmeras, los agentes dieron con uno de los ladrones a la deriva. Se trataba de Miguel Mena, un joven domiciliado en el barrio Puente Gallego, al igual que los otros sospechosos, quien tenía en su poder el celular de una de las víctimas.

Quienes huyeron en el Clio fueron detenidos a partir de información recabada en la calle y el posterior hallazgo de ese vehículo en Viña del Mar y Punta del Indio, en Puente Gallego, a metros de sus domicilios, según detalló la Fiscalía.

Los detenidos Mena y Vera fueron llevados el lunes a audiencia imputativa por el delito de robo calificado por el uso de arma, cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, agravado además por la participación de un menor de edad, en calidad de coautores y en grado consumado. El juez Hernán Postma resolvió que continúen detenidos bajo prisión preventiva efectiva por un plazo de 90 días.