Cuatro de las personas que habían sido llevadas detenidas a la audiencia por el desvío de fondos de cuentas judiciales recuperaron este martes la libertad, incluso antes de que la jueza María Trinidad Chiabrera resuelva las medidas cautelares, decisión que está prevista para este miércoles. La causa tiene como epicentro el accionar del ex fiscal ludópata confeso Mariano Ríos Artacho, quien afirmó que “arrastró” al resto de los imputados a participar de las maniobras.
La discusión desarrollada durante la audiencia puso en crisis, en distintos grados, la presunta responsabilidad de esos cuatro acusados o bien determinó que no existen elementos suficientes para justificar una medida cautelar.
De esta manera, permanecen detenidos hasta la resolución de la jueza el exfiscal Mariano Ríos Artacho, el abogado penalista Emilio Barcacia y los cuatro imputados a quienes la Fiscalía ubicó como organizadores de la presunta asociación ilícita: Julio Mercado, Fabricio Romero, Gustavo Cesaretti y otro de los señalados en ese rol.
Ríos Artacho fue imputado este lunes como presunto jefe de una asociación ilícita que, según los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani, se dedicó entre 2017 y 2024 a apropiarse de manera sistemática de fondos depositados en cuentas bancarias judiciales. El perjuicio estimado ronda los 425 millones de pesos y el dinero habría sido desviado hacia la compra de títulos bursátiles y apuestas en casinos.
Según la acusación, el exfiscal se desempeñaba en la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación y era quien decidía qué cuentas podían ser vaciadas en función de que no existieran urgencias o reclamos. Para concretar las maniobras, siempre de acuerdo con la hipótesis fiscal, firmaba los oficios que habilitaban los movimientos de dinero.
Por debajo de Ríos Artacho, los fiscales ubicaron a un grupo de presuntos organizadores que se encargaba de reclutar personas dispuestas a prestar sus nombres y cuentas bancarias, retirar dinero en efectivo por ventanilla y distribuir posteriormente los dividendos. En el caso de Barcacia, la Fiscalía le atribuyó un papel diferente: habría intervenido para ocultar los descubiertos de las cuentas mediante depósitos de efectivo destinados a recomponer temporalmente los saldos cuando se acercaban juicios abreviados o probation en causas tramitadas por el exfiscal.
Los restantes imputados fueron señalados por los fiscales como presuntos prestanombres y facilitadores de CBU para canalizar el dinero. La hipótesis sostiene que posteriormente esos fondos fueron utilizados para realizar inversiones bursátiles o jugar en casinos.
El propio Ríos Artacho reconoció en audiencia que padece ludopatía y situó el inicio de esa problemática en 2013, cuando era funcionario judicial en la jurisdicción de Melincué. “Yo administraba los fondos como si fuese mi billetera”, admitió. Sin embargo, negó que haya existido una asociación ilícita y sostuvo que fue él quien, mediante sus órdenes, “arrastró” al resto de los imputados a participar de las maniobras investigadas.
En una línea similar se expresó el abogado Gonzalo Rucci, defensor de Fabricio Romero, quien aseguró que su cliente también padece ludopatía. El letrado rechazó la existencia de una organización creada específicamente para sustraer dinero público y planteó que se trató de un grupo de personas con problemas de juego que se conocieron en salas de apuestas y compartían viajes para jugar en otras jurisdicciones.
La situación procesal de los acusados será definida este miércoles por la jueza Chiabrera.