La Justicia condenó a Bernardino Fernández, ex integrante de la Brigada Motorizada de la Policía de Santa Fe, por su participación en el operativo ilegal realizado en el barrio República de la Sexta, donde un joven motociclista fue detenido sin orden judicial, asaltado y acusado falsamente con un arma “plantada”.
El martes 10 de febrero, el juez de Primera Instancia Lisandro Artacho homologó un procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la Defensa, y le impuso una pena de tres años de prisión efectiva, además de inhabilitación absoluta por seis años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por diez años.
Fernández fue condenado por una extensa lista de delitos: privación abusiva de la libertad, falsedad ideológica de instrumento público, allanamiento ilegal, robo agravado por ser funcionario público, amenazas coactivas, lesiones leves calificadas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, entre otros, todos en concurso real.
El operativo ilegal y las pruebas plantadas
Según la investigación del fiscal Pablo Socca, los hechos ocurrieron el 7 de diciembre de 2024, cuando Fernández y otros policías interceptaron a un joven que circulaba en moto sin DNI ni documentación del vehículo. Aunque no existía pedido de captura ni secuestro del rodado, decidieron retenerlo y lo coaccionaron para que los llevara a un domicilio familiar en calle Esmeralda al 2000.
Allí, de acuerdo a la acusación, los policías ingresaron sin autorización judicial, amenazaron y golpearon a las personas presentes y robaron dinero y celulares. Luego, tras la fuga del motociclista, ingresaron a otras viviendas sin orden judicial y volvieron a sustraer dinero y objetos electrónicos, entre ellos un sistema de sonido nuevo.
La fiscalía también sostuvo que los uniformados plantaron un revólver calibre 38 en la escena para incriminar a la víctima y confeccionaron actas policiales con información falsa para justificar la detención por portación ilegal de arma, resistencia a la autoridad y cohecho activo.
Entre las irregularidades documentadas, se incluyeron autorizaciones de ingreso falsificadas, secuestros fraguados, declaraciones inventadas y pruebas manipuladas. Además, el joven fue golpeado y amenazado en la comisaría para que revelara la contraseña de un celular con filmaciones del operativo, material que los policías intentaron borrar.