El gobierno provincial derribó este jueves un nuevo búnker de drogas vinculado a la banda Los Menores en la zona suroeste rosarina, en Vicente Medina al 6900. Detuvieron a cuatro personas y continúa la búsqueda de otras cuatro. Se trata del punto número 104 inactivado en todo el territorio santafesino desde la promulgación de la ley de Microtráfico.
Según informó la fiscal Brenda Debiasi a El Tres, detectaron este búnker a partir de la inactivación de otro, ligado a las mismas personas. “A mediados de 2025 habíamos localizado un punto de venta en barrio Tío Rolo y solicitado su inactivación física. A partir de allí profundizamos la investigación y logramos determinar quiénes operaban el lugar y obtenían los mayores réditos económicos de la actividad ilícita”, explicó.
En total, hay ocho personas sospechosas, cuatro de ellas imputadas y en prisión preventiva y otras cuatro con pedido de captura.
Durante el operativo, el secretario de Seguridad, Omar Pereira, destacó el alcance de la ley de Microtráfico: “Estamos consolidando la aplicación de esta herramienta con la concreción de un nuevo derribo, en este caso de un punto de venta. En los 104 procedimientos realizados en la provincia se repiten distintas situaciones, como la usurpación de viviendas particulares o de terrenos públicos. Pero la usurpación más dolorosa es la de la tranquilidad del vecino: la de un barrio de trabajadores al que se le arrebata la posibilidad de vivir en paz, generando un clima permanente de violencia. A eso apunta fundamentalmente esta herramienta que desarrollamos junto con el MPA, a devolver la tranquilidad a la gente que hace las cosas bien”.
Sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada al inicio de la actual gestión, la normativa habilita la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a circuitos de violencia de alta lesividad.
Estos dispositivos se implementan desde principios de 2024 mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial, la Policía de la provincia, fuerzas federales y gobiernos locales, con el objetivo de recuperar el control territorial y restituir condiciones de convivencia y seguridad a los barrios.